El proceso independentista catalán duró poco, el gobierno de Mariano Rajoy aprobó la intervención de Cataluña. Será mediate la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que prevé la suspensión del autogobierno de la región, restaurado en 1975 tras el final de la dictadura de Francisco Franco.
La clausula, que forma parte del capítulo tercero, referente a las comunidades autónomas, "tiene por objetivo "salvaguardar" el Estado de Derecho. Para ello habilita al Gobierno central a tomar "las medidas necesarias" para forzar a esa comunidad a cumplir con las obligaciones constitucionales.
Su aplicación requiere de la aprobación "por mayoría absoluta del Senado", como así se dió a pocos minutos de la declaración de independencia de Cataluña, según dice el propio artículo, y el procedimiento ofrece "un marco de discrecionalidad amplio", cuya aplicación y alcance dependerían de la interpretación que haga el gobierno de Mariano Rajoy.
Artículo 155:
Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
Rajoy solicitó formalmente al Senado la aplicación del artículo este viernes debido a la "rebeldía constitucional" de Cataluña. La votación, se descuenta, será favorable. Tanto el Partido Popular, oficialista, como el PSOE (socialismo) opositor están de acuerdo.
Lo que no está claro es qué tan dura puede ser su aplicación. Mientras algunos prevén una solución negociada, con un llamado a elecciones y la renuncia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, otros auguran una versión dura: el arresto de las autoridades y la intervención formal del govern para llamar a nuevas elecciones.