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Miles de argentinos que buscan tramitar la ciudadanía italiana tienen ahora una nueva esperanza. La Corte Constitucional de Italia resolvió trasladar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la definición sobre la validez de la denominada Ley Tajani (ley 74/2025). A través de la Ordenanza N° 147/2026, el máximo tribunal italiano suspendió su pronunciamiento y dejó la resolución final en manos de la justicia comunitaria.
La medida reabre las expectativas de descendientes que habían quedado excluidos tras las reformas implementadas el año pasado. La norma, vigente desde el 28 de marzo de 2025, había modificado de manera drástica la transmisión por ius sanguinis (derecho de sangre), al limitar el reconocimiento únicamente a hijos y nietos de italianos nacidos en el país europeo. Bajo el argumento de la falta de un “vínculo efectivo”, la legislación dejó fuera a bisnietos, tataranietos y generaciones posteriores.
La decisión de congelar el fallo surgió a partir de causas impulsadas en los tribunales de Mantova y Campobasso por solicitantes a quienes se les exigía haber intentado obtener un turno consular o comunal antes del 27 de marzo de 2025.
Qué evaluará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
La intervención del tribunal europeo busca determinar si la normativa italiana colisiona con el derecho comunitario. El punto central que deberá resolver el TJUE es si el Estado italiano puede considerar retroactivamente que quienes nacieron en el extranjero antes de la reforma nunca adquirieron la ciudadanía que la legislación vigente al momento de su nacimiento les reconocía por descendencia.
Por el momento no existe una fecha fijada para el dictamen. Aunque los procesos ante la justicia europea suelen extenderse por meses, no se descarta que los equipos legales soliciten medidas de urgencia para acelerar el expediente.
¿Qué pasa con los trámites en curso y quiénes se benefician?
El desenlace en Europa marcará el futuro de miles de expedientes. Si el TJUE concluye que la restricción es incompatible con el derecho de la Unión Europea, las cláusulas limitantes podrían quedar sin efecto. De ser así, un fallo favorable no solo protegería a quienes presentaron su documentación antes de marzo de 2025, sino que podría reactivar la posibilidad para las generaciones excluidas.
Para aquellos que aún no iniciaron acciones judiciales, la recomendación de los especialistas es esperar la definición europea. La única excepción aplica para quienes puedan acreditar haber intentado sacar un turno formal antes del 27 de marzo de 2025, dado que su situación jurídica cuenta con un encuadre diferente.
Se estima que la resolución final podría demorar entre seis meses y un año. Mientras tanto, en Italia la paralización de los juicios no será automática: cada magistrado local decidirá de manera independiente si congela o no sus causas a la espera de la sentencia definitiva.