El gobierno brasileño de Jair Bolsonaro podría quedarse sin dinero para pagar el beneficio asistencial (BPC) a más de dos millones de ancianos pobres a partir del 20 de junio, ya que aún no cuenta con el aval del Congreso para emitir deuda y así pagar jubilaciones, entre otras cosas.
El secretario del Tesoro Nacional, Mansueto Almeida, reconoció que el Congreso necesita aprobar en los próximos 15 días un crédito suplementario de 248.000 millones de reales (u$s 62.000 millones) para que las acciones del Ejecutivo no sean afectadas.
Según el Ministerio de la Ciudadanía, entre los afectados más inmediatos -20 de junio- están los ancianos en condiciones de miseria. En julio seguirían los discapacitados pobres, que suman otros 2,5 millones de beneficiados por el programa.
En el Congreso, el Palacio del Planalto aún no obtuvo el aval para tener recursos extra que serán obtenidos por emisión de títulos públicos, indicó Folha. Ese dinero se utilizaría en el pago de jubilaciones, transferencias de la Bolsa Familia y el BPC (Beneficio de la Prestación Continuada).
El proyecto que solicita el dinero adicional fue enviado al Congreso en marzo. La desarticulación política del gobierno, sin embargo, dificulta la solución del problema, añadió el periódico brasileño.
Del total solicitado para 2019, u$s 50.000 millones son para jubilaciones y pensiones, además de u$s 7500 millones para el BPC, así como recursos para la Bolsa Familia y otros subsidios.
"Si él (crédito suplementario) no se aprueba hasta entonces (mediados de junio), vamos a empezar a tener problemas con algunos gastos. Eventualmente se puede manejar algo, pero va a ser difícil", dijo Mansueto.