Ayer se inició en el Uruguay el debate sobre la Ley de Servicios Audiovisuales que fue enviada al Parlamento por el presidente, José Pepe Mujica.
La iniciativa busca, entre otros puntos, impedir la concentración de medios de comunicación en pocas manos, por lo que crea la figura del grupo económico y establece un límite de tres señales de radio o televisión por cada persona física o jurídica y da un plazo de cinco años para dejar de explotar las ondas que excedan el límite. Las licencias, además, tendrán un límite temporal. Serán cedidas por un plazo de 10 años para servicio de radio y de 15 para la televisión. Las renovaciones se concederán por 10 años.
El proyecto establece, en otro de sus puntos sobresalientes, que las empresas telefónicas no podrán explotar ondas de radio ni te televisión, que los canales abiertos deberán incluir un 60% de producción nacional y que los proveedores de televisión para abonados tengan una sóla señal propia. También crea al defensor de la audiencia y obliga a los medios a tener y hacer público un código de ética.
El texto, además, regula qué es violencia en televisión y cuáles son las sanciones para quien infrinjan el horario de protección al menor, entre otros muchos puntos.
La norma no establecerá regulaciones a internet, como estaba previsto originalmente.
La ley consta de 13 capítulos que agrupan los casi 180 artículos entre disposiciones permanentes y transitorias.
Luego de su anuncio, el arco político uruguayo salió a respaldar, en general, la propuesta, aunque señalando algunas diferencias en cuanto a los tiempos y a las formas.
Para el senador Larrañaga, del partido Nacional, lo conveniente habría sido discutir previamente la ley. Debió haber un acuerdo de todos los partidos porque está en juego la calidad democrática del país, dijo.
El senador Bordaberry, del Partido Colorado, por su parte, señaló que no era conveniente discutir el tema en medio de la campaña electoral.
Desde sectores cercanos al vicepresidente Astori se recalcó que la ley no será a lo Argentina, ya que no se votará ninguna regulación de contenidos.
El presidente uruguayo, José Mujica, en defensa del proyecto gubernamental señaló horas antes de viajar a Europa que la ley de medios está a leguas de lo que sería una ley mordaza a periodistas, medios y líneas editoriales y explicó que el proyecto está basado en iniciativas de la relatoría de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la libertad de expresión.
El proyecto, dijo, prohíbe expresamente cualquier mecanismo de censura previa por cualquier autoridad reguladora; trata de prohibir el poder y el uso económico del Estado como forma de privilegiar la comunicación en función de líneas informativas o editoriales.
Uruguay es el segundo país de la región, luego de Argentina, que avanza en la regulación de la comunicación audiovisual, en un contexto de tirantez entre los medios y los gobiernos. El otro caso es el de Ecuador, donde luego de la asunción para un nuevo mandato de Rafael Correa y de la mayoría parlamentaria que ostentará, ya no tendrá dificultades para avanzar en este sentido.
En Brasil, el gobierno también propuso la sanción de una ley similar, pero descartaron tratarla durante el mandato de Dilma.