Diecinueve provincias confirmaron su participación en una jornada orientada a unificar criterios, mejorar el intercambio de información y agilizar la detección de quienes adeudan la cuota alimentaria. El sistema vigente integra convenios de cooperación entre distintas jurisdicciones y concentra 11.700 casos en registros del país.

El Ministerio de Justicia de la Ciudad impulsa la iniciativa y mantiene acuerdos con 13 provincias, que reúnen la totalidad de esos 11.700 expedientes. El objetivo oficial es ampliar la red y ordenar la circulación de datos entre los registros para avanzar hacia procedimientos comunes que fortalezcan los mecanismos de control.

El encuentro se desarrollará este jueves, de 9.30 a 17, en el Salón Verde de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La convocatoria reúne a autoridades de los registros provinciales, representantes del Poder Judicial, organismos estatales, universidades y organizaciones civiles.

La Ciudad concentra unos 3000 casos en su registro local. Los convenios vigentes incluyen a Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. La estrategia busca sumar nuevos distritos y consolidar un esquema federal de gestión coordinada.

El incumplimiento alimentario adquiere relevancia por su impacto social. En la Ciudad, el 12,3 por ciento de los hogares son monoparentales; el 89 por ciento está a cargo de una mujer. Según UNICEF, el 68 por ciento vive por debajo de la línea de pobreza y el 23 por ciento en situación de indigencia. El registro porteño identifica que el 97 por ciento de los inscriptos son hombres.

La reforma aprobada en diciembre de 2024, la Ley 6.771, redefinió la categoría de alimentante moroso y fijó restricciones como la prohibición de ingresar a eventos deportivos o culturales y el bloqueo de transferencias de bienes hasta cancelar la deuda. Desde marzo, la Ciudad aplica controles en estadios y desde junio los extendió a recitales de más de 5.000 personas. Los operativos superan los 80 y el sistema detectó 57 casos desde su implementación.

“Contar con la presencia de cada provincia es clave para avanzar hacia una red federal integrada que permita perfeccionar los mecanismos de control, promover la corresponsabilidad y garantizar el cumplimiento del derecho alimentario”, señaló el ministro de Justicia, Gabino Tapia.

En la Ciudad, el 12,3 por ciento de los hogares son monoparentales; el 89 por ciento está a cargo de una mujer. Según UNICEF, el 68 por ciento vive por debajo de la línea de pobreza y el 23 por ciento en situación de indigencia.

A su vez, Hernán Najenson, subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, afirmó: “La presencia de provincias de todo el país demuestra que existe la convicción compartida de que el derecho alimentario debe ser una prioridad federal. Nadie puede resolver este problema de manera aislada. La única respuesta posible es trabajar juntos, coordinar esfuerzos y construir estándares comunes”.

La actividad incluirá una mesa de apertura, tres bloques de trabajo y una sesión final para aprobar la declaración que dará forma a la Red Federal de Registros de Deuda Alimentaria.