La semana pasada se planteó que, de la mano de la Unión Industrial Argentina y la Confederación General del Trabajo, se celebraría un ‘pacto o acuerdo social’. Supongo que con el doble propósito de redistribuir los ingresos y reducir la tasa de inflación. Como no es la primera vez que en nuestro país se involucra a instituciones privadas para estos propósitos, vale la pena analizar qué ocurrió en las anteriores ocasiones, a efecto de corregir errores. En particular le prestaremos sintética atención a las experiencias de 1973 (Pacto social) y 1984 (Concertación). La versión detallada se puede consultar en La economía argentina durante la segunda mitad del siglo XX (La Ley, 2005, capítulos 10 y 13). En 1973 la política de ingresos asumió la forma de un acuerdo tripartito específico, llamado Pacto Social, que se concluyó entre la Confederación General Económica, la Confederación General del Trabajo y el Estado. La correspondiente Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, Liberación Nacional y la Justicia Social, firmada el 30 de mayo de 1973, fue presentada en el Congreso Nacional el 8 de junio. El acuerdo implicó un aumento salarial de suma fija, el congelamiento (con reducción en algunos casos) del precio de los bienes, tarifas y tipo de cambio. Con vigencia originalmente prevista de 2 años, el Acta fue modificada en 4 oportunidades (el 27 de marzo, el 24 de julio y el 1º de noviembre de 1974, y el 28 de febrero de 1975). Terminó a mediados de 1975, con el Rodrigazo, o como solía decir el ex ministro Celestino Rodrigo, y también Lavagna en una declaración formulada en 2005, con el sindicalisazo. ¿Qué ocurrió? Que los congelamientos aludidos fueron incompatibles con la inflación internacional del momento (incluyendo el Primer Shock Petrolero), y también con las políticas monetaria y fiscal ensayadas. A su vez, a partir de marzo de 1984 el gobierno convocó a distintos sectores del empresariado, para tratar de constituir organismos de asesoramiento a las autoridades en materia de precios y salarios... Así nació el Grupo de los 11, integrado por la Asociación de Bancos Argentinos, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Coordinadora de Actividades Mercantiles y Empresariales, la Cámara de Comercio, Industria y Producción, la Confederación General del Trabajo, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, las Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural Argentina, la Unión de Entidades Comerciales Argentinas y la Unión Industrial Argentina. La política económica implementada por Grinspun no tuvo nada que ver con esto (es más, las reuniones no se celebraron en el Ministerio de Economía, sino en el de Interior, a cargo de Antonio Tróccoli). Este par de experiencias debería ser tenida muy en cuenta por las actuales autoridades, tanto de las organizaciones obreras como de las empresarias. Para no formar parte de fracasos, como el Pacto social de 1973, o irrelevancias, como la Concertación de 1984. Claro es que difícil negarle la colaboración al gobierno de turno. ¿Qué deben hacer, entonces, los líderes de las centrales obrera y empresaria? Reflexionar en base a la experiencia anterior, y convocar a sus propios técnicos, para que les expliquen en qué debe consistir, pero en serio, una política destinada a modificar la distribución del ingreso y reducir la tasa de inflación, y sobre todo cuál tiene que ser el aporte que deben realizar dirigentes obreros y empresarios, y también el Estado. Lo de 1984 quedó en el plano de las relaciones públicas. La experiencia de 1973 muestra que los congelamientos masivos no son respetados por todos de la misma manera, por lo que en la práctica la redistribución no va de empresas a asalariados, sino de empresas que no tienen más remedio que cumplir las disposiciones, y asalariados que sólo reciben los aumentos dispuestos en el acuerdo, a empresas y asalariados que logran saltar la valla. Tal experiencia también muestra que el resto del mundo existe, por lo que la inflación importada y el shock petrolero no podían ser ignorados. Pero fundamentalmente mues-tra que los acuerdos entre privados no son cumplibles si el Estado no hace lo suyo, en materia fiscal y monetaria. La cantidad de dinero aumentó 81% durante los 12 primeros meses de la gestión Gelbard. ¿Tanto había aumentado la demanda de dinero? Los hechos posteriores mostraron que no. En la Argentina 2005 ningún acuerdo UIA-CGT puede sustituir la acción pública en materia monetaria y fiscal. ¿Qué compromisos explícitos y cumplibles hará el Gobierno en la materia? Si yo fuera el titular de la central obrera, o de la central industrial, preguntaría esto antes de avanzar en cualquier tipo de acuerdo o pacto. ¡Animo!