En Vallejo, una ex comunidad naval del estado de California conectada por ferry a San Francisco, la fuerza policial se redujo a la mitad, tres estaciones de bomberos cerraron y la ciudad dejó de financiar la biblioteca pública, la sinfónica local y el centro de jubilados.

Esta ciudad de unos 120.000 habitantes fue una de las primeras víctimas de las dificultades fiscales que vienen sufriendo las ciudades y los estados de EE.UU. En mayo de 2008, cuando cayó la recaudación inmobiliaria y fracasaron las negociaciones con los sindicatos municipales para acordar reducciones salariales, la ciudad se presentó en quiebra.

Desde entonces, Vallejo se ha convertido en un caso testigo para el código de quiebras federal que se aplica a las municipalidades, denominado Capítulo 9. Los inversores del mercado estadounidense de bonos municipales, que mueve u$s 2,8 billones, observan ansiosos mientras ciudades y otras entidades públicas del país buscan cerrar su brecha fiscal.

A los inversores les preocupa que las municipalidades que recurren a la protección judicial ante sus dificultades financieras obliguen a los bonistas a aceptar concesiones. Una muestra de esto es que, en las últimas dos semanas, han retirado u$s 5.000 millones de los fondos de inversión especializados en la compra de bonos municipales por el nerviosismo acerca de las finanzas de los municipios.

“Vallejo es significativo porque forma parte de un proceso en el que se redefine el alcance del estatuto de quiebras. Como el uso del Capítulo 9 es tan infrecuente, cualquier caso puede establecer nuevos precedentes , explicó Christopher Mier, director gerente de Loop Capital Markets, quien actuó en el comité de acreedores del condado de Orange, California, cuya quiebra de 1994 fue la mayor en 30 años en EE.UU.

Esta semana, el concejo municipal de Vallejo aprobó un plan para salir de la quiebra a mediados de 2011, y el mes próximo la ciudad detallará los pagos a los tenedores de bonos y otros acreedores. La mayor deuda de Vallejo corresponde a sus jubilados: se estima que las obligaciones sin fondos para cubrirlas están en torno a u$s 195 millones.

Pedirle a los bonistas que acepten una pérdida sobre su inversión original sería un paso drástico. E incluso la reducción en el pago de intereses que está incluida en el plan podría encontrar resistencia.

“Lo que está por verse es qué efecto tendrá (el trato a los bonistas) sobre la capacidad de Vallejo de acceder al mercado, y cuál será el precio que tendrá que pagar , dijo James Spiotto, del estudio de abogados Chapman y Cutler. Y agregó que, en general, los gobiernos locales han resuelto sus problemas financieros de manera extrajudicial y, eventualmente, pagaron sus bonos aunque tuvieran que reducir marcadamente los servicios públicos, por la necesidad de preservar el acceso al mercado. Pero Vallejo podría romper con esta tradición.

“La ciudad no tiene fondos suficientes para pagarle a sus acreedores todo lo que les debe. Además, cada dólar pagado a un acreedor implica un dólar no disponible para contratar más policía, reabrir una estación de bomberos o pavimentar las carreteras. En su plan, la ciudad busca equilibrar estos usos conflictivos de recursos limitados , señaló Marc Levinson, de la firma legal Orrick, Herrington & Sutcliffe, que representa a Vallejo.