Personal de las joyerías Richiardi y Paul Baker impidió ayer la realización de los procedimientos de supervisión dispuestos por la Unidad de Información Financiera (UIF) para verificar el cumplimiento de las normas de prevención del lavado de activos. Ante la falta de consentimiento para la realización de los operativos de inspección, la UIF podría requerir a la Justicia que disponga la práctica de medidas que permitan establecer si Richiardi Joyas y Paul Baker, en sus locales del barrio porteño de Recoleta, cumplen con la legislación vigente en materia de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Los inspectores intentaron en vano entregar al personal las órdenes de Supervisión correspondientes, ya que los empleados rehusaron recibir los documentos e impidieron la realización de los procedimientos. El 29 de julio el presidente de la UIF, José Sbattella, envió una nota a la Cámara Argentina de Joyería, Relojería y Afines, para requerir datos relativos al sector y comunicar que la Unidad iba a verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a quienes se dedican al comercio de joyas y metales preciosos. La legislación argentina considera “operaciones sospechosas a todas las transacciones inusuales, sin justificación económica o jurídica, o irrazonablemente complejas; y obliga a bancos, joyerías y escribanías, entre otros, a reportarlas a la UIF para su análisis.