Es curioso ver cómo van pasando diferentes ministros y funcionarios y, pese a ello, cómo la visión sesgada sobre la agroeconomía sigue vivita y coleando. Se sigue sosteniendo que ‘hay que dar condiciones de similitud para que el grande no se devore al chico‘; pero, en lugar de ello, se mantiene una política adversa a la eficiencia en las transacciones y, por ende, promotora de la concentración económica.

Este año el Nóbel en economía fue para Oliver Williamson y Elinor Olstrom. De esta forma, la Academia Sueca vuelve a reconocer la validez de los conceptos de la escuela neoinstucionalista como enfoque que, al incorporar nuevos aportes a la visión neoclásica, enriquece la comprensión de la problemática económica y de las transacciones.

Considerando tanto los costos de transacción como los de producción, Williamson pone sobre el tapete bajo qué condiciones las empresas tienden a externalizar ciertas operaciones, en vez de desarrollarlas internamente. Así, muestra cómo puede resultar más conveniente la emergencia de pequeñas o medianas unidades de negocio, con gran autonomía operativa y donde la corporación queda acotada a la definición estratégica y al control.

De acuerdo a Williamson, lo que importa es el conjunto de ‘reglas de juego’, es decir el ‘ambiente institucional’, de donde surgen las estructuras de gobernanza. Merced a ellas, se coordinan los agentes para realizar sus transacciones. Entre la estructura de gobernanza sustentada en el mercado y la sustentada en la empresa ‘integrada’, operan diferentes formas ligadas a organizaciones contractuales, que originan todo tipo de redes productivas.

El fenómeno de redes en el agro es un ejemplo para el mundo y sus resultados están a la vista. En el plano internacional, la tendencia a la concentración de la propiedad de la tierra más débil se registra, justamente, en la Argentina. Por si ello suficiente, es válido afirmar que su producción agrícola extensiva es la más competitiva del mundo.

Sí algo bueno produjo la década pasada es el crecimiento de las relaciones contractuales, que plasman la tendencia a externalizar en lugar de concentrar múltiples actividades en una gran empresa. Las estructuras de gobernanza, basadas en contratos que ligan a diferentes agentes abren un abanico de múltiples posibilidades empresariales sin que sea el mercado ni la empresa integrada las que rijan las conductas económicas. Estas estructuras intermedias presentan un futuro de crecimiento acelarado por su dinámica y adaptabilidad a los cambios tecnológicos.

Sobre las instituciones se construye el capital social que deriva de la capacidad de los personas para asociarse o trabajar juntos con el objeto de lograr objetivos comunes. Muestra la dimensión relacional y asociativa para alcanzar algo común. Revela la capacidad de concretar contratos en forma ágil y con elevada confiabilidad para las partes.

La falta de incentivos para fortalecer instituciones de cooperación nos lleva a estrategias de corto plazo, orientadas más a la explotación que hacia la acción común. Nos empuja a evadir el riesgo evaluado, a ir a lo seguro aún cuando sea en desmedro del bienestar general. Por ello, gran parte de la sociedad opera en un juego de suma cero, más que en uno de de suma positiva. Por ello, gran parte de la sociedad evita el compromiso y la participación en la cosa pública.

En cambio, aquellos países que promueven la cohesión social refuerzan la propensión a invertir en capital social.

Sin embargo, la actividad rural revela un acentuado desarrollo de redes productivas de todo tipo, que buscan disminuir los costos de transacción, para lograr objetivos comunes. Nuestro fenómeno de redes agrícolas demuestra la posibilidad de bajar los costos de transacción sin recurrir a gigantes corporaciones. Revela la capacidad de efectuar contratos efectivos y de grandes beneficios para todos.

Que la arrogancia gubernamental, por no llamarla necedad, no aporte nuevos ataques a la compleja y dúctil madeja de transacciones. Que no se deje engañar la gente: la ‘sojización‘ es un hecho, pero nada tiene que ver con la contractualización. En todo caso, es la resultante de una política agropecuaria contraria a la producción ganadera extensiva y a la cerealera.