

Ni enfriar la economía, ni dejar apreciar el peso, ni elevar el superávit fiscal, ni frenar la expansión monetaria. La lucha contra la inflación seguirá siendo heterodoxa, aunque no tanto como lo fueron los acuerdos de precios implementados por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Lejos de las clásicas recetas, la política de precios del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se basará en cuatro pilares: el fomento a la inversión, el pacto social, la regulación del comercio externo y la desaceleración del gasto público.
Atraer a inversores internacionales fue una de las tareas que emprendió Cristina en su gira externa previa a los comicios del domingo y que continuó la semana pasada en la visita a Washington que hicieron el presidente del Banco Central, Martín Redrado, y el jefe de Hacienda, Miguel Peirano.
Por su parte, el Pacto Social, el acuerdo auspiciado por el Gobierno entre empresarios y trabajadores, tendrá como condimento principal la previsibilidad en los reclamos salariales. Mientras la actualización del cuadro de retenciones a las exportaciones elevará el costo de la venta externa y contribuirá a elevar la oferta y reducir las presiones inflacionarias, en particular sobre los alimentos. Desde el sector fiscal, la desaceleración del incremento del gasto público, al menos por debajo de los valores registrados en 2007, también ayudará a reducir la tendencia alcista de los precios.
La política monetaria continuará siendo expansiva en un contexto de debilitamiento del dólar frente a otras monedas. El tipo de cambio alto se mantendrá, así, como uno de los fundamentos del modelo económico heredado por CFK.
El freno de la economía mundial, producto de la crisis hipotecaria originada en los Estados Unidos, se convertirá en una ayuda externa para morigerar el incremento de precios. Luego de años de un boom económico en las economías asiáticas, las apuestas a un aterrizaje suave favorecen la necesidad oficial de sujetar las riendas de la economía local, que para varios analistas se asemeja a un tren de alta velocidad a punto de descarrilarse.
Argumentos hay. En los últimos cuatro años, la economía creció 51%, la cifra más alta para un período presidencial en un siglo. Mantener a raya los precios con el consumo público y privado creciendo a un 9% de promedio anual no resultó una tarea sencilla. La tentación de romper el termómetro creó complicaciones adicionales. En lo que va del año, la inflación oficial llegó a 5,8%. Pero los economistas creen que se ubicó en un cifra de al menos el doble. Para octubre se espera que el Indec comunique un aumento del ndice de Precios al Consumidor del 0,8%, aunque el incremento verdadero bordea el 2% debido al alza en los precios de los alimentos.
Uno de los primeros dilemas en materia de precios que deberá enfrentar Cristina será decidir qué hacer con el cuestionado Indec. La continuidad de la directora del ndice de Precios al Consumidor, Beatriz Paglieri, en el instituto de estadísticas enfrenta un momento clave. Mañana vence el periodo de 180 días por el que fue designada y hasta ahora no existe una definición oficial sobre su futuro.
En los pasillos del Indec creen que la directora del IPC continuará en su cargo, al menos hasta que se llame a concursos públicos para todos los puestos. Sin embargo, otra versión afirma que la funcionaria (de estrecha relación con el secretario Moreno) ya tendría destino fuera del Indec. Más concretamente, en la Comisión Nacional de Comercio Exterior.
Por lo pronto, el lunes regresó al país con la comitiva que integró del Indec que estuvo la semana pasada en EE.UU. estudiando cómo se miden los precios en aquel país. La misión fue comandada por la titular del Indec, Ana María Edwin. La idea es copiar el índice de precios que utiliza EE.UU. y en el cual se excluyen sus componentes más volátiles, como alimentación y energía.










