Casi todos los pronósticos apuntan a que la economía argentina experimentará un aumento de la ya alta tasa de inflación durante el año próximo. En un artículo anterior (“Inflación: ¿es peor el remedio? ) del 8 de agosto pasado examiné las causas de éste fenómeno y la necesidad de no alarmarse por tratarse, en gran medida, de un “rebote tardío de los ajustes producidos hace casi 4 años, que se demoraron en parte por la memoria deflacionista, la falta de gimnasia sindical y el congelamiento de las tarifas.
En los próximos meses, cuando las necesidades electorales hayan quedado atrás, es probable que la política anti-inflacionaria se ubique en el más alto nivel de la agenda del Gobierno. En ese momento las autoridades deberán evitar cometer tres tipos de errores:
Error 1: Creer que la culpa la tienen los empresarios y los comerciantes, y armar un gran espectáculo mediático y de presión sobre los mismos. Éstas reacciones sólo generan desconfianza entre los hombres de negocios, los que reducen las inversiones, y aprovechan cualquier motivo para aumentar los precios, porque no saben si más adelante lo podrán hacer.
Error 2: Profundizar lo anterior y avanzar en controles de precios, demorando los ajustes de tarifas de electricidad, de gas, peajes y demás precios congelados desde hace 4 años, especialmente los residenciales. Además, ésta respuesta agravará la ya importante incertidumbre energética, provocando mayores demoras en las inversiones de los sectores productores de materias primas industriales (aceros, aluminio, plásticos, químicos, etc.), lo que aumenta las presiones inflacionarias en éstos mercados.
Error 3: Creer que el problema es fundamentalmente monetario, y aumentar las tasas de interés. Esta política seguramente genere efectos perversos al comienzo por el ingreso de capitales especulativos, lo que acelerará la inflación y producirá una sobrevaluación del peso, generando quebrantos en los sectores hoy más competitivos. Para que ésta política de resultados será necesario aumentar las tasas de interés, generando un freno recesivo. Así habremos quebrado la esencia del virtuoso comportamiento de la economía en los últimos 4 años.
Lo primero que debería hacer el Gobierno es diferenciar entre la inflación producida por la recomposición necesaria de ciertos precios, salarios y tarifas, que debió ocurrir en 2003/2004 y la inflación pura que podemos estar sufriendo ahora en algunos productos, tanto por exceso de demanda como por insuficiencia de oferta.
El primer tipo de inflación implica una corrección de precios relativos y no debe ser refrenado por riesgo a generar procesos deflacionarios, que ya resultaron muy gravosos para nuestra economía en la década pasada. Los aumentos salariales también deben tolerarse en la medida que sean prudentes y sectoriales o por empresa, aunque a veces los reclamos transitan por enfrentamientos y huelgas que deterioran el funcionamiento de la economía, y perjudican a los usuarios. Pero deben evitarse los aumentos generalizados y los excesivos, que no estén relacionados con aumentos de competitividad empresaria. La falta de gimnasia tanto de empresas como de sindicatos hace más difícil la resolución pacífica de éstos conflictos.
El segundo tipo de inflación, pura o núcleo, debe combatirse prudentemente con políticas macroeconómicas que se apoyen en cuatro fundamentos: a) un razonablemente elevado superávit fiscal, b) una economía abierta, c) un Banco Central prudente y con elevado nivel de reservas y d) una política de incentivo a la inversión productiva. Los primeros tres elementos son suficientes para evitar cualquier disparada inflacionaria, ya que con ellos nadie podría esperar una escapada del tipo de cambio, ingrediente indispensable para acelerar el proceso inflacionario y el aumento de la oferta de bienes es el verdadero factor de estabilidad de precios en el largo plazo.
Pero probablemente sea conveniente complementar estas políticas durante el año próximo con un quinto elemento, que tiene el propósito de hacer converger las expectativas inflacionarias de los agentes económicos en niveles razonables. Me refiero al establecimiento de metas inflacionarias, como las que usan exitosamente países como Chile, Israel, Canadá, Inglaterra y muchos otros. Las claves para el buen funcionamiento de estas metas son tres:
1. Tienen que ser establecidas y explicitadas por el Jefe de Gobierno y ser mandatorias para todos sus ministros y para el presidente del Banco Central.
2. Debe proponerse metas razonables y no demasiado exigentes, porque entonces caeríamos en el Error 3, con un Banco Central tratando de reprimir monetariamente la inflación generada por otros mecanismos.
3. Debe aplicarse con posterioridad al sinceramiento de los precios regulados, ya que funciona adecuadamente para bajar la inflación, pero no convive bien con una inflación en alza.