Como ocurre desde hace cuatro años, desde que el grupo español Marsans aterrizó en el país para tomar el control de Aerolíneas Argentinas, la aprobación de los balances anuales de la línea aérea se sigue dilatando.

Ayer, la Inspección General de Justicia (IGJ) le puso una nueva traba a sus estados contables. Mediante la resolución 670/05, el organismo declaró “irregular e ineficaz la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que comenzó el 13 de junio y que pasó sucesivamente a cuartos intermedios para los días 16 y 23 de ese mes.

El argumento impuesto por el organismo conducido por Ricardo Nissen para tomar la determinación fue que la Ley de Sociedades Comerciales acepta sólo un cuarto intermedio en una Asamblea. En este caso, las suspensiones fueron dos.

Ahora, la pelota quedó en el campo de Aerolíneas. La empresa tiene dos alternativas: ratificar la resolución, lo que implica reconocer la irregularidad, y llevar el caso a fojas cero para convocar a una nueva Asamblea; o apelar la medida ante la Justicia Comercial. Julio Scaramella, vocero del Comité Ejecutivo de Aerolíneas, ya adelantó que echarán mano a la segunda opción “por estar en total desacuerdo con el contenido y los alcances de la resolución . La apelación será presentada en estos días por el estudio Fargosi, asesores letrados de la aérea.

En tanto, el ejecutivo de Aerolíneas dejó entrever que el funcionario tenía cierta animosidad. “En por lo menos cuatro oportunidades anteriores Nissen ha suscripto resoluciones en contra de Aerolíneas. Vamos a presentar a la Justicia un pedido de recusación de Nissen, ante la evidencia de una enemistad manifiesta en contra de la compañía y de sus directivos .

Nissen, por su parte, contrarrestó los dichos de Scaramella. “Hay que descartar cualquier idea de animosidad. La verdad es que la empresa intentó cambiar el concepto “cuarto intermedio por el de “suspensión y, para mí, por más que cambien las palabras sigue siendo un cuarto intermedio. Por eso se declaró la irregularidad .

Sin el Estado

El foco del conflicto tuvo lugar en la famosa reunión del 23 de junio. Allí, la empresa anunció la aprobación de los resultados del ejercicio 2004, con una utilidad de 94 millones de pesos.

Esa Asamblea contó con la presencia del 98,6% de los accionistas: el 97,8% correspondiente a Interinvest y el 0,8% al Programa de Propiedad Participada (empleados). Pero en ese cónclave estuvo ausente el Estado, que posee un 1,6% de la aérea y que ya había impugnado los balances 2002 y 2003.

Interna oficial

Según la empresa, el faltazo se debió a que se había acordado con el Gobierno que no pondrían reparos en los números de la empresa para afianzar más un vínculo que comenzó a recomponerse en febrero en una reunión entre Antonio Mata, titular de Aerolíneas, y el ministro de Planificación, Julio De Vido.

Sin embargo, funcionarios del Ministerio de Economía no estarían seguros de avalar los balances, una instancia que la firma espera para poder cumplir con su plan de comenzar a cotizar en Bolsa.

Por su parte, una fuente que responde a los funcionarios que están enfrentados a Aerolíneas, cuya cara más visible es el subsecretario de Transporte Aerocomercial, Ricardo Cirielli, dijo que la ausencia se debió a que no iban a ir a convalidar una reunión que creían irregular.

La razón de las impugnaciones de los balances del 2002 y del 2003 se centra en una causa por presunto uso indebido de fondos públicos por u$s 246 millones que tiene la compañía en España, por la que deben declarar, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, quienes junto a Mata son dueños de Marsans, controlante de Aerolíneas.