En estos días, y ya es historia repetida en nuestro país, se ha hecho visible la delicada situación fiscal y financiera que están atravesando varias provincias y municipios. Siempre la situación sale abruptamente a la superficie cuando las condiciones financieras ponen en riesgo el pago normal de sueldos y jubilaciones en tiempo y forma. Es un tema que en esta columna ya lo he tratado en otras oportunidades, remarcando siempre la tendencia al déficit fiscal de los gobiernos subnacionales, camino al que se llega por varios motivos. Uno de gran relevancia se relaciona con el reparto de recursos fiscales que existe entre Nación, provincias y municipios. Detrás de esto está el esquema de transferencias verticales que existe desde Nación hacia el resto de gobiernos y consecuentemente la baja proporción del gasto provincial que es financiado con recursos propios.

Si bien todo el mundo está hoy enfrascado en esta coyuntura fiscal, lo cuál es lógico, en esta columna pretendo hacer una síntesis muy apretada de algunos de los pilares de Estados Unidos en materia de organización política, como un marco de referencia que uno puede mirar. Gracias a una beca del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos pude discutir y plantear inquietudes directamente a actores clave de la organización política de los Estados Unidos.

Un aspecto central que surge tiene que ver con el rol de los representantes de los cincuenta estados en el Congreso Nacional. Una vez elegidos, su tarea en el Congreso tiene que estar íntimamente vinculada con la propuesta que hicieron y por la cuál resultaron elegidos. Un senador tiene el poder de los votos de su estado y debe responder a su estado, más allá de la pertenencia a un determinado partido político.

Pensando en la Argentina, donde se vuelve a demandar la sanción de una nueva ley de coparticipación federal, resulta casi obvio que es algo que forma parte de un cambio más de fondo de la organización política. Un senador muchas veces termina respondiendo al partido político más allá de las necesidades de los habitantes que lo votaron. En los Estados Unidos es usual la frase respecto a que existen 51 partidos republicanos, 51 partidos demócratas y así con el resto. Esto implica que hay un partido por cada estado más uno por el distrito de Columbia, que es donde está el gobierno federal.

Yendo puntualmente a la cuestión de la organización fiscal, la esencia está en el alto grado de correspondencia que existe entre el gasto público que ejecuta un estado o un condado (que a su vez tiene ciudades, pueblos y distritos) y su financiamiento. Toda decisión relativa a hacer una nueva autopista, una nueva escuela, etc., es tomada por los ciudadanos, evaluando de dónde va a surgir el financiamiento extra necesario. En los votos de determinadas ciudades pude observar entre otras cuestiones, preguntas como: ¿Usted está dispuesto a que se aumente en determinado porcentaje tal tasa para financiar un aumento del presupuesto educativo? Esta fue una votación de la ciudad de Sterling, Condado de Whiteside, Estado de Illinois, donde triunfó el no y la propuesta no se llevó adelante.

Esto representa un gran contraste con nuestro país, donde las relaciones de correspondencia son claramente opuestas.

Un tema de actualidad tiene que ver con el estado de California, cuya situación fiscal es bastante preocupante. Sobre esto, no se habla de un salvataje del gobierno federal ni de algo por el estilo. Es casi natural la opinión respecto a que sus ciudadanos deberán encontrar la manera de salir de esa situación. Si no aceptan un aumento de impuestos, irremediablemente lo que queda es una disminución del gasto.

Pensando en nuestro país, es vital iniciar una discusión que vaya posibilitando encontrar la mejor manera de prestar los bienes públicos entre los diferentes niveles de gobierno. Ese renacimiento parece clave para empezar a tener de una buena vez ‘políticas de estado’, independientemente del sistema que la sociedad termine eligiendo. Podrá ser de alta correspondencia fiscal como el de los Estados Unidos o no, pero sí deberá ser sostenible en el tiempo. Se debe discutir integralmente la cuestión fiscal y el reparto de recursos, siendo la coparticipación federal de impuestos solamente una parte de la discusión.