El consumo residencial de electricidad tiene una elevada carga impositiva. La Nación, las provincias y los municipios lo gravan con diferentes porcentajes, los que agregados pueden representar para el usuario final más del 60%. Si se computan los pagados por los comerciantes e industriales que se trasladan a los precios para el consumidor final, tal porcentaje puede subir en forma significativa.

Estos impuestos tienen sus ventajas para obtener recursos fiscales: son muy difíciles de evadir, muy fáciles de cobrar y tienen alcance universal. Pero son inequitativos, ya que los hogares de menores ingresos son los que realizan un esfuerzo relativo mayor, aportando al Estado una porción de su ingreso más elevada que la que destinan los de mayores rentas.

Al gravar la Nación, provincias y municipios con diferentes porcentajes el consumo residencial de electricidad, aparecen disparidades entre habitantes de distintas provincias, e incluso, entre los de distintos municipios de la misma provincia.

Existen dos impuestos nacionales sobre el consumo final de electricidad: el IVA con una alícuota del 21% y el que establece la Ley 23.681, de 0,6%, que está destinado a la empresa de Servicios Públicos Sociedad del Estado de Santa Cruz, con el objeto de “realizar inversiones en los sectores eléctricos y reducir el nivel de las tarifas aplicadas a los usuarios de electricidad que sean servidos directamente por dicha empresa .

En las provincias a veces es un impuesto liso y llano sobre consumo de electricidad y/o sobre el comercializador y distribuidor del servicio que es trasladado plenamente al consumidor final. Hay casos en los que tiene una asignación específica: constituir fondos para realizar obras públicas y de infraestructura eléctrica, mantenimiento de los entes reguladores provinciales, generar recursos con fines solidarios, proveer recursos para compensaciones tarifarias. Estudios de la Secretaría de Energía muestran que pueden superar incluso el 20%.

Las tasas y contribuciones fijadas a nivel municipal finalmente registran en todo el país una amplia dispersión. Varían significativamente incluso dentro de una misma provincia. Hay municipios donde alcanzan hasta un 30% y tienen diversas justificaciones: derecho de uso del espacio aéreo, tasa de inspección de medidores, instalaciones eléctricas y reposición de lámparas, contribuciones para el alumbrado público, etc. En algunos casos son fijados como un monto fijo en pesos por medidor, como es el caso de la contribución de alumbrado público en ciertos municipios. A veces el consumo residencial es gravado con mayores alícuotas que las actividades comercial e industrial; en otras, prima el criterio inverso. En ciertos casos integran la base imponible del IVA.

Si se supone que los tributos son un 40% del gasto en electricidad, por ejemplo, puede estimarse que el 20% más pobre de la población destina 3,4% de sus ingresos a pagar impuestos y tasas sobre su consumo en electricidad. Esta proporción es casi siete veces el 0,6% que tributa el 20 % más rico.