La orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra Omar al-Bashir marca un cambio fundamental en la búsqueda de justicia internacional.

El proceso de acusar a sospechosos de haber cometido crímenes de guerra y obligarlos a presentarse ante los tribunales de las Naciones Unidas ha sido agonizantemente lento, en particular para los cientos de miles de víctimas.

Frente a la elección entre la conveniencia política o la búsqueda de un castigo justo por las atrocidades cometidas como la violaciones y torturas sistemáticas, la justicia llevó las de perder, se quejan hace tiempo los grupos de derechos humanos.

Sin embargo, la avalancha de acusaciones indica que este estancamiento llegó finalmente a su fin. En Phnom Penh, un tribunal especial está listo para comenzar con el primer juicio por el genocidio de Camboya, 30 años después de que fuera derrocado Khmer Rouge.

“El mundo realmente está experimentando un cambio sísmico , dijo Christopher Hall, asesor legal de Amnesty International, el grupo de derechos humanos. “Ahora están tratando los acontecimientos diplomáticos y políticos como cuestiones que deben ser resueltas por políticos y diplomáticos; y los crímenes de guerra, como casos a resolver mediante la investigación y la justicia, al igual que el terrorismo y el lavado de dinero.

La decisión de la CPI de emitir la orden de arresto para Bashir por supuestamente haber ideado una campaña de violación, asesinato y desplazamiento en la región de Darfur constituye el momento más significativo en la breve y polémica historia de la Corte. Fue creada en 2002, bajo el Tratado de Roma como la única corte permanente de crímenes de guerra y sólo inició un juicio: contra Thomas Lubanga, el líder rebelde congolés.

Sin embargo, ese caso se vio plagado de demoras y dificultades con los testigos, lo que provocó críticas generalizadas.