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La litigiosidad se convirtió en el principal desafío para el sistema de Riesgos del Trabajo. A 30 años de su creación, enfrenta 500.000 juicios y la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) advierte que cerca del 45% de la prima se destina a la litigiosidad, un fenómeno que absorbe recursos y pone presión sobre la sustentabilidad del esquema.
El dato fue planteado por Mara Bettiol, presidenta de la UART, durante un panel de la tercera Cumbre Aseguradora junto a Fernando Pérez, gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). La ejecutiva sostuvo que el sistema tiene una elevada capacidad de respuesta, pero que no se puede confundir ese desempeño con sustentabilidad cuando la judicialidad continúa en ascenso.
Para este año, la estimación de la UART es de 140.000 nuevos juicios, lo que marcaría un tercer récord consecutivo. Bettiol cuestionó que ese volumen de litigios guarde relación con la evolución de los indicadores del sistema y planteó que la judicialidad genera un costo que termina afectando la competitividad y la posibilidad de generar empleo registrado.
El dato que preocupa a las ART
El contraste es uno de los principales argumentos del sector. En las últimas tres décadas, los casos mortales se redujeron 80% y los siniestros cerca de 50%, según explicó Pérez. Además, el sistema alcanza actualmente a unos 9,5 millones de trabajadores y 500.000 empleadores, con una amplia red de prestaciones en todo el país.
Bettiol destacó que la mejora de los indicadores no se limita a la reducción de accidentes. Según explicó, el sistema previene, repara y atiende de manera permanente a trabajadores de todo el país, pero la litigiosidad aumenta al mismo tiempo que disminuyen los accidentes y los fallecimientos. Para la titular de la UART, esa evolución genera una presión creciente sobre los recursos disponibles.
La ejecutiva puso el foco en el destino de los recursos involucrados en los procesos judiciales. Según detalló, alrededor del 55% del valor de un juicio llega al trabajador, mientras que el 45% restante se distribuye entre honorarios de abogados, peritos y otros costos vinculados con la intermediación judicial. La discusión, aclaró, no apunta a desconocer los reclamos legítimos, sino a diferenciar esos casos de una litigiosidad que el sector considera evitable.
El impacto, según la UART, trasciende a las aseguradoras. Bettiol vinculó el costo de la judicialidad con la competitividad de las empresas y con la capacidad de generar empleo formal y de calidad. En ese sentido, sostuvo que reducir los litigios innecesarios es también una discusión sobre el costo laboral y sobre las condiciones para que las empresas incorporen trabajadores registrados.
Por qué la Justicia es el principal foco de conflicto
La discusión apunta a la diferencia entre los criterios utilizados dentro del sistema de Riesgos del Trabajo y las evaluaciones que se realizan cuando un caso llega a los tribunales. Pérez señaló que el sistema recibe unas 700.000 a 750.000 notificaciones por año y que el 87% se resuelve a través de las instancias administrativas y las comisiones médicas. Solo una parte llega a la Justicia.
Según explicó el funcionario, el problema aparece cuando los criterios utilizados en la instancia administrativa no coinciden con los que luego se aplican en sede judicial. Para la SRT, la falta de uniformidad genera imprevisibilidad, aumenta la conflictividad y termina elevando los costos del sistema. El objetivo es que las mismas herramientas técnicas que se utilizan para evaluar los daños dentro del sistema también sean tomadas en cuenta por la Justicia.
En ese punto aparecen los cuerpos médicos forenses como una de las principales herramientas para reducir la brecha. Pérez sostuvo que es necesario que los tribunales superiores de las distintas provincias avancen en la conformación de estructuras periciales que permitan contar con criterios médicos uniformes y previsibles.
La SRT enumeró avances en varias jurisdicciones. Buenos Aires trabaja en la cobertura de un cuerpo pericial; la Ciudad de Buenos Aires prevé un cuerpo de peritos vinculado al nuevo fuero laboral; Mendoza avanza con más peritos oficiales; Santa Fe creó un nuevo esquema y ya designó parte de sus peritos; mientras que Córdoba, Jujuy, San Luis y Chubut también trabajan en estructuras similares.
Para Pérez, estos movimientos muestran que el problema comenzó a ser tomado por los distintos poderes del Estado. Sin embargo, Bettiol advirtió que la velocidad de crecimiento de los juicios hace que las soluciones todavía resulten insuficientes. Por eso, planteó que el tiempo se volvió un factor central para evitar que la litigiosidad continúe absorbiendo recursos del sistema.
Prevención 4.0: la apuesta para reducir los accidentes
Mientras el sector reclama una solución para la litigiosidad, la Superintendencia busca profundizar los avances en prevención. Pérez explicó que el organismo trabaja desde hace ocho años en el programa Prevención 4.0, que incorpora herramientas tecnológicas a las tareas de prevención que ya realizan la SRT, el sistema federal de inspección y los programas destinados a sectores, regiones y empresas con alta siniestralidad.
La apuesta es utilizar una mayor cantidad de información para anticiparse a los accidentes y enfermedades profesionales. El funcionario sostuvo que la incorporación de tecnología puede permitir una nueva reducción de los índices de siniestralidad y que la Argentina tiene la posibilidad de convertirse en un país de vanguardia en materia de prevención y seguridad laboral.
En paralelo, la SRT trabaja en una eventual ley marco de prevención. Pérez explicó que la propuesta está siendo discutida en el Comité Consultivo Permanente y que el objetivo es dejar una herramienta consensuada con empleadores, trabajadores y representantes del sector para que pueda ser tratada por el Congreso cuando exista el momento político adecuado.
Qué está en juego para los próximos años
A tres décadas de la creación del sistema, la discusión ya no pasa solamente por ampliar la cobertura o reducir los accidentes. El desafío es sostener los avances alcanzados sin que la litigiosidad termine deteriorando su funcionamiento.
Bettiol sostuvo que el sistema tiene herramientas para responder a los trabajadores: comisiones médicas consolidadas, un nuevo baremo que busca reducir las diferencias en la evaluación de los daños y una estructura de prestaciones que permitió mejorar los indicadores durante las últimas décadas.
El problema, según la UART, aparece cuando persiste una diferencia entre lo que se determina en la instancia administrativa y lo que finalmente establece la Justicia. Mientras exista esa brecha, planteó Bettiol, habrá espacio para la conflictividad y la litigiosidad. Por eso, consideró clave que los cuerpos médicos forenses funcionen de manera efectiva y permitan acercar los criterios de ambas instancias.
El próximo desafío será entonces profundizar la prevención y, al mismo tiempo, reducir la litigiosidad evitable. La discusión cobra especial relevancia en un mercado laboral que también cambia, con nuevas formas de contratación y trabajo independiente que obligarán al sistema a ampliar su capacidad de cobertura.