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La economía argentina se encuentra en una etapa de “consolidación de la estabilización”, pero los desafíos que restan para alcanzar una normalidad plena son, quizás, más complejos que los del inicio del mandato. Así lo entiende Hernán Lacunza, exministro de Economía, quien en una reciente entrevista en Radio Rivadavia analizó con bisturí la persistencia inflacionaria, la opacidad introducida en las estadísticas públicas y, fundamentalmente, la urgencia de desarmar el andamiaje de los controles cambiarios.
Para Lacunza, el dato del 2,9% de inflación de enero —superior al 2,5% que proyectaba el mercado— es una señal de alerta sobre la naturaleza del proceso actual. El economista introdujo el concepto de “inflación pegajosa” para explicar por qué el descenso de los precios parece haber encontrado un piso difícil de perforar.
La inflación “pegajosa” y el límite del ajuste fiscal
“Es más fácil bajar de 20% a 2% que de 2% a 0%”, disparó Lacunza. Según su visión, una vez que la inflación se estabiliza en niveles del 2% mensual, se vuelve inercial. “Los contratos se vuelven pegajosos. Estamos todos acostumbrados a ese ritmo y, si no hay una coordinación desde el sector público para los contratos laborales y no laborales, la inflación se hace mucho más persistente”, explicó.
El exministro reconoció que el Gobierno ha hecho “bien las raíces” al enfocarse en el equilibrio fiscal y el fin de la emisión monetaria, pero advirtió que esto podría no ser suficiente para alcanzar el “cero” o incluso una inflación de un dígito anual durante este mandato. Para Lacunza, la historia argentina muestra que estos procesos requieren algo más que ortodoxia: citó el caso de Israel en los 80 o Brasil en los 90, donde fueron necesarios acuerdos de indexación y coordinación de expectativas.
“A la inflación hay que tirarle con todo, y si hace falta bailar macumba, también”, recordó citando al histórico Adolfo Canitrot, para enfatizar que el purismo filosófico del Gobierno a veces choca con la necesidad de herramientas heterodoxas de coordinación que eviten que la desinflación sea un proceso agónico de muchos años.
El fin del cepo: “¿Con qué necesidad seguir esperando?”
Uno de los puntos más contundentes de su análisis fue la política cambiaria. Lacunza fue tajante: es momento de terminar de liberar el cepo y el mecanismo de bandas. Su argumento se basa en un cambio de condiciones estratégicas que el Gobierno debería capitalizar tras el triunfo electoral de medio término.
“El Gobierno fue gradualista y prudente en lo monetario, aprendiendo de la experiencia 2015-2019, donde fuimos muy audaces en lo monetario y morosos en lo fiscal. Ahora fue al revés, y eso está bien. Pero hoy existe un apoyo de Estados Unidos que es inédito, es como tener un prestamista de última instancia sin límites”, analizó.
Para el economista, el “costo de no hacer” es el factor que el mercado y el Palacio de Hacienda están subestimando. “Mantener el cepo no es gratis. Si las empresas no pueden sacar el dinero cuando quieren, tampoco lo van a ingresar”, sentenció. Según Lacunza, la normalización del mercado de cambios es el paso indispensable para que la estabilización financiera se transforme en desarrollo real.
Reformas estructurales: ajustar por “las buenas” o por “las malas”
Lacunza vinculó la salida del cepo con la necesidad de competitividad. Explicó que el país tiene dos caminos para ganar mercados: “por las buenas”, que implica reformas estructurales (laboral, tributaria, infraestructura) que bajen los costos de producción; o “por las malas”, que es a través de una devaluación del tipo de cambio.
“Todo lo que hagamos por las buenas evitará que el ajuste lo haga el dólar. El desarrollo es ser un país más eficiente, con impuestos bajos, para poder tener salarios mejores en dólares de manera sostenible. Si para vender un tomate al exterior tenemos que poner salarios de miseria, eso es solo devaluar, no es desarrollo”, puntualizó. En ese sentido, lamentó que la reforma tributaria haya quedado “licuada” en el Congreso por la puja entre Nación y las Provincias, a quienes acusó de ser “federales para subir impuestos y unitarios para bajarlos”.
La credibilidad de la estadística como activo público
Finalmente, el exministro no dejó pasar la polémica por los cambios en la medición del INDEC. Aunque aclaró que no cree que haya una manipulación intencional de los índices, criticó la “opacidad” que se introdujo en un sistema que llevaba 10 años de transparencia indiscutida.
“La estadística oficial es un bien público, sirve para que las familias tomen decisiones. No importa si es Lavagna o el ministro; importa cuál es el mejor termómetro”, afirmó. Para Lacunza, haber postergado el cambio de canasta o haber generado dudas sobre la metodología resta credibilidad al proceso desinflacionario. “A partir de ahora, cada vez que se anuncie el dato oficial, a las dos horas habrá otro número circulando de las consultoras. Se perdió un eje de transparencia que era fundamental para el proceso de estabilización”, concluyó.