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En 15 sectores de la economía argentina, el contrabando y la subfacturación de importaciones representarían una pérdida fiscal de u$s 2.855 millones en 2026, equivalente al 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI).
Así lo estima MAP LATAM en un informe, dos años después de que la Aduana cambiara la manera de seleccionar y controlar parte de los despachos de importación.
Del total, u$s 2.283 millones corresponden al contrabando y u$s 572 millones a mercadería que ingresó registrada, pero con un valor declarado inferior al que estima la consultora.
La primera reforma llegó en abril de 2024. Las resoluciones 154 y 112 terminaron con el paso obligatorio por el canal rojo para determinados productos textiles, de calzado y alcanzados por medidas antidumping. Ese canal implica una verificación física y documental de la mercadería. Desde entonces, esas operaciones quedaron sujetas a los criterios generales de selección y análisis de riesgo.
En octubre de ese año, la Resolución General 5582 eliminó los valores criterio precautorios, referencias que se usaban antes del despacho para detectar posibles casos de subfacturación. La norma habilitó a la Aduana a revisar el valor declarado después del ingreso de la mercadería y mantuvo la posibilidad de exigir garantías al despacho en casos justificados.
Con ese esquema, la eficacia del control depende de cómo se eligen las operaciones a revisar y de cuántos ajustes se traducen en cobros.
MAP LATAM sostiene que la flexibilización facilitó la circulación de mercadería irregular y cita un deterioro en el índice de comercio ilícito de bienes gravados de GI-TOC.
Un ranking que expone los hechos
En ese ranking, la Argentina pasó del puesto 27 al 16 entre los países con peor desempeño entre 2023 y 2025. El movimiento da una señal sobre la evolución del problema.
El mayor impacto fiscal se concentra en bebidas espirituosas, con u$s 1.400 millones, casi la mitad del total. Le siguen textiles e indumentaria, con u$s 470 millones, celulares, con u$s 255 millones, cigarrillos, con u$s 230 millones, y agroquímicos, con u$s 205 millones. Esos cinco rubros explican cerca del 90% del monto estimado.
El cálculo para bebidas es el que más pesa en el resultado. MAP LATAM parte de datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre consumo de alcohol no registrado, una categoría que también incluye producción casera o informal y compras transfronterizas.
La consultora informa que contrastó su estimación con referentes del sector, aunque el anexo no precisa cuánto de ese consumo corresponde a bebidas ingresadas ilegalmente. En indumentaria, en cambio, estima que el 30% de las importaciones está subfacturado a partir de la diferencia entre los precios unitarios declarados y los valores de referencia.
Para fabricantes e importadores en regla, la diferencia se juega en los márgenes. La mercadería que elude aranceles o tributa sobre un valor menor puede venderse a un precio que presiona al canal formal.
El impacto en el empleo
MAP LATAM estima además que podrían generarse 11.300 puestos registrados si el volumen de contrabando relevado en siete sectores se sustituyera por producción nacional a la productividad observada. Yerba mate y juguetes concentran 6.000 de esos empleos potenciales. El resultado depende de cuánto de esa demanda capte la industria local frente a la importación legal.
La cifra de u$s 2.855 millones equivale, según el informe, a cerca del 120% de la recaudación que toma como referencia para Impuestos Internos.
Hacia adelante, los indicadores a seguir son la proporción de despachos auditados, los ajustes de valor que terminan en cobros y la evolución de las ventas registradas en bebidas e indumentaria.
Esos datos permitirían medir cuánto recupera el fisco bajo el esquema de controles selectivos y si la mercadería que sale del circuito irregular se convierte en ventas para fabricantes e importadores formales.