Si el presidente de Venezuela Nicolás Maduro cree que su nueva asamblea constituyente lo liberará de las limitaciones que implican un Congreso democrático y le permitirá firmar acuerdos internacionales para conseguir el tan necesitado dinero, podría decepcionarse.
El órgano lo habilitará a enmendar la constitución, modificar las normas que rigen las operaciones petroleras, emitir deuda y cambiar el impuesto a la energía y los regímenes de regalías a su antojo. Sin embargo, los analistas sostienen que en la práctica muy pocos gobiernos extranjeros reconocerán las leyes que aprueben.
Los inversores occidentales, ya reacios a poner dinero en uno de los países más volátiles del mundo, se mostrarán reacios a hacerlo frente a la creciente ilegitimidad del gobierno. Los chinos, que ya le prestaron a Maduro más de u$s 60.000 millones, probablemente no le ofrezcan más, lo que deja a los rusos como una de las pocas opciones que le quedan al asediado presidente.
"El gobierno va a tratar de usar la asamblea para tener acceso a los mercados internacionales, iniciar operaciones financieras, refinanciar deuda pública, aprobar joint ventures, etc., pero no creo que pueda concretar todo eso", dijo José Ignacio Hernández, abogado constitucional venezolano que reside en Caracas.
"El riesgo reputacional de Venezuela no va a mejorar. Por el contrario, sólo va a empeorar".
El nuevo cuerpo, por ejemplo, podría cambiar la constitución para permitir que empresas extranjeras tomen mayores participaciones en joint ventures petroleros. Actualmente, sólo pueden tener menos del 50% de cualquier proyecto considerado de "interés nacional".
Con eso definitivamente el país recaudará dinero y los rusos claramente están interesados. Según un informe de Reuters, el mayor productor de petróleo ruso Rosnef acepta esa función a cambio de su participación en Citgo, la refinería con base en EE.UU. que posee junto con la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Pero es probable que cualquier petrolera lo suficientemente audaz para entrar en Venezuela enfrentará fuertes críticas de la comunidad internacional y de los políticos locales, que están gestando una campaña conjunta para bloquear el financiamiento del régimen de Maduro.
Sin embargo, la asamblea podría avanzar en la dirección contraria y buscar nacionalizar incluso una mayor parte de la industria petrolera.