Diez días después de que el Gobierno ecuatoriano tomara medidas contra el crimen organizado, César Suárez fue víctima del caos en el que se ha sumido Ecuador. El fiscal, quien estaba investigando los vínculos entre el crimen de pandillas y la corrupción gubernamental como parte de una investigación a nivel nacional, fue asesinado la semana pasada a tiros en su auto en la ciudad de Guayaquil por asaltantes no identificados en un homicidio que la policía dijo que tenía las características de un asesinato. Mientras el anteriormente pacífico Ecuador lucha por controlar una ola de delincuencia sin precedentes -entre las medidas adoptadas figura la declaración de los narcotraficantes como "terroristas" y, por lo tanto, como objetivos militares-, las noticias diarias están repletas de asesinatos políticos, motines en las cárceles y tiroteos entre bandas de narcotraficantes. La ciudad más afectada es Guayaquil, sede del mayor puerto de Ecuador. La ciudad es un importante centro de negocios y de exportación de bananas y camarones, así como de cocaína. En las calles, la violencia amenaza con estallar en cualquier momento. Los disturbios tienen su origen en una lucha de poder entre los negocios ilícitos de la región. En colaboración con los cárteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa, los grupos ecuatorianos se disputan el control de las rutas del narcotráfico que van desde Colombia y Perú a las ciudades portuarias del Pacífico ecuatoriano, incluyendo Guayaquil. Esto les plantea a las fuerzas de seguridad intimidantes retos. Como símbolo de la ardua lucha, el líder de la banda, Adolfo Macías, más conocido como 'Fito' y cuya fuga de la cárcel de la ciudad el 7 de enero desencadenó la escalada de violencia, sigue prófugo. "Éstas no son pandillas convencionales, son grupos terroristas", le dijo a CNN el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien asumió el cargo en noviembre con una plataforma de lucha contra el crimen. Señaló que las pandillas estaban bien financiadas y que controlaban regiones enteras del país, pero añadió: " En este momento el Ejército y la policía están trabajando juntos, y el pueblo está unido para eliminar esta amenaza". Noboa declaró el estado de emergencia, y más de 1000 pandilleros han sido arrestados en 18.000 redadas, según cifras oficiales, a raíz de las medidas represivas que se implementaron después de la fuga de Macías. La represión ha provocado represalias por parte de estas bandas de delincuentes, según un agente de policía del empobrecido barrio de Guasmo, en Guayaquil, cerca del puerto, que no estaba autorizado a hablar públicamente. En una noche reciente en Guasmo, un grupo de adolescentes estaban jugando cuando llegaron los miembros de una pandilla y empezaron a disparar, matando a uno de los jóvenes e hiriendo 13 personas, de las cuales nueve eran menores. Antes del último estallido, la violencia en Ecuador llevaba varios años en escalada: la tasa de homicidios del país, en alguna ocasión una de las más bajas de la región, se ha multiplicado por más de nueve veces desde 2017, pasando de cinco asesinatos por cada 100.000 habitantes a 46 el año pasado, según la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Quito. La tasa de homicidios aumentó en 2020, cuando el jefe de la banda Los Choneros, Jorge Luis Zambrano - quien respondía al apodo de "Rasquiña" -, fue asesinado en la cafetería de un centro comercial de la ciudad portuaria de Manta poco después de salir de la cárcel. En ese momento, Macías asumió el control del grupo. Fernando Carrión, un experto en seguridad de la FLACSO, estimó que las 22 pandillas ahora designadas como organizaciones terroristas contaban con 50.000 miembros entre ellas; se cree que Los Choneros tienen unos 12.000 combatientes. Poco se sabe de Macías más allá de sus antecedentes penales. En 2011 fue declarado culpable de narcotráfico, de crimen organizado y de asesinato, y condenado a 34 años de cárcel, desde donde dirigió Los Choneros. Se fugó brevemente en 2013, antes de ser recapturado semanas después. También es incierto cómo consiguió desaparecer de la cárcel en enero; un funcionario del Gobierno habló de una "probable fuga", posiblemente con la participación de guardias de la prisión. La policía allanó una de las casas de Macías en la ciudad portuaria de Manta el 13 de enero, pero no encontró más que 500 gramos de marihuana, un cargador de armas automáticas y munición de 9 mm. Un general colombiano le dijo a los medios locales que el fugitivo podría estar viviendo en Colombia, donde se cree que tienen su base los grupos delictivos que colaboran con Los Choneros. Los analistas creen que otra enorme banda ecuatoriana, Los Lobos, tiene negocios con el cártel mexicano Nueva Generación Jalisco. Uno de los líderes de Los Lobos, Fabricio Pico, se fugó de la cárcel el 8 de enero. Desde entonces él ha publicado videos en los que pide negociar su entrega con el Gobierno, afirmando que sólo huyó para escapar de amenazas contra su vida, pero la petición de entrega fue rechazada por Noboa. Las pandillas utilizan las prisiones como bases de operaciones avanzadas, lo que convierte al sistema penitenciario en un elemento central de la violencia. Unos 400 prisioneros han sido asesinados en los últimos cuatro años, mientras que los motines y las fugas de las cárceles son habituales. El Gobierno ha publicado imágenes de reclusos sentados juntos en los patios de las prisiones como parte de sus medidas represivas. Pero unos 48 reclusos consiguieron fugarse la semana pasada de una prisión de Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia. Mientras que algunos guardias están al servicio de las pandillas, otros se han convertido en víctimas: decenas de empleados de la prisión fueron tomados como rehenes durante cinco días tras la fuga de Macías este mes. "Macías es la prueba viviente -suponiendo que siga vivo- de que las prisiones están dirigidas por las pandillas", afirmó Sofía Cordero, una politóloga del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, con sede en Quito. "Hay que reformar la autoridad penitenciaria, la cual ha sido penetrada por el crimen organizado, mientras que los líderes de las pandillas peligrosas deben ser aislados en las cárceles". Unas 15 personas han fallecido durante la violencia de este mes. En las carreteras de los alrededores de Guayaquil -desde hace tiempo una conflictiva área de la actividad de las pandillas debido al valor de su puerto de contenedores para los narcotraficantes- agentes fuertemente armados montan puestos de control policial de un momento a otro. "Es inconveniente, sin duda, pero si ayuda a atrapar a los delincuentes no me importa", dijo Alejandro Torres -quien dirige un taller mecánico en la zona- mientras registraban su camioneta en un puesto de control en una de las principales vías. "Hay que hacer algo en cuanto al control que las pandillas tienen sobre Ecuador".
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