Tres años de cárcel para cuatro sindicalistas que desviaron ayudas sociales para los desempleados

El exsecretario general de UGT Andalucía Francisco Fernández Sevilla ha sido condenado por la Audiencia de Sevilla a tres años de cárcel y una multa de 50 millones de euros por delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil por financiar actividades propias del sindicato con fondos de la Junta para cursos de formación.

El tribunal, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso la agencia de noticias EFE este miércoles y de la que ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, impone además condenas de entre tres años y seis meses de prisión a otros cuatro excargos del sindicato y absuelve a nueve acusados que actuaron como proveedores de UGT-A a través de sus empresas.

Con esta noticia, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, expreso este miércoles que la sentencia a la UGT por delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil es "un reflejo de la Andalucía del pasado". En tanto, la UGT Andalucía ha anunciado que recurrirá ante el Supremo la sentencia.

Condenan a tres años de cárcel y multa de 50 millones a la excúpula de UGT-A por fraude

Fernández Sevilla, indica la resolución, aplicó "de forma consciente y fraudulenta" fondos públicos por un importe total de 40,62 millones de euros dedicados a cursos de formación de personas desempleadas y ocupadas a "fines distintos" de los que "debieron destinarse".

De esta forma, UGT-A dispuso de tales fondos para "financiar actividades propias del sindicato, ajenas al fin social para el que las recibieron".

En la sentencia, notificada este miércoles y contra la que cabe recurso de casación ante el Supremo, el tribunal sevillano aplica la atenuante de dilaciones indebidas e impone al exsecretario general la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas públicas y beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años y medio.

Asimismo, la Sección Tercera impone las mismas condenas a otros tres excargos del sindicato, el exvicesecretario general de administración de UGT-A, la que fuera secretaria de gestión económica del sindicato, y el entonces consejero delegado de la entidad Soralpe.

También condena a la que era responsable del departamento de Compras de UGT-A, aunque en este caso como cómplice y le impone seis meses y dos días de cárcel, multa de 25 millones de euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de un año y medio.

En concepto de responsabilidad civil, los cinco condenados tendrán que indemnizar con un total de 40,62 millones a la Junta, siendo UGT-A responsable civil subsidiaria de dicha cantidad.

Una "Alarma social" para los andaluces 

Los magistrados tienen en cuenta en su condena la "gravedad" de la conducta desarrollada, el montante de las subvenciones, la cuantía de lo defraudado, la multiplicidad de solicitudes y de modalidades delictivas, el perjuicio causado a los trabajadores a cuya formación estaban destinadas las subvenciones y, en general, para la sociedad.

También se refieren a la "alarma social" que producen actuaciones delictivas como las ahora sentenciadas, más cuando son ejecutadas por agentes sociales a los que, precisamente, se les conceden las subvenciones por su defensa de los intereses de los trabajadores y desempleados.

La Audiencia absuelve a otros nueve acusados que fueron enjuiciados como cooperadores necesarios tras actuar como proveedores del sindicato a través de las empresas a las que representaban, al no entender acreditado que tuvieran conocimiento del destino que iba a darse a los descuentos, comisiones o los denominados 'rappels' que habían acordado y concedido al sindicato.

La sentencia recoge que, entre 2009 y 2013, por decisión de la Comisión Ejecutiva Regional de UGT-A, se pusieron en marcha una serie de procedimientos de los que se sirvieron de distintos proveedores del sindicato y entidades vinculadas para obtener una vía de financiación y sufragar gastos de estructura propios de la organización a costa de los fondos públicos concedidos con las subvenciones de las que resultó ser beneficiaria.

Entre otras cuestiones, hace referencia a la obtención de descuentos y comisiones de los proveedores que no figuraban en las facturas presentadas como justificación de gastos ante el órgano concedente de la subvención.

Al ocultar su realidad, se conseguía así imputar íntegramente su importe a la subvención sin tener en cuenta el descuento pactado, con lo que UGT-A se quedaba con la diferencia entre el coste declarado y lo realmente soportado.

El tribunal alude a la confección de facturas de proveedores y otros documentos contables con conceptos genéricos, por bienes no vendidos o servicios no realizados, a los que se les adjudicaba un valor superior al que realmente tenían, o por bienes o servicios propios del sindicato pero sin vinculación con la subvención a la que se imputaban.

En el juicio, la Fiscalía Anticorrupción solicitó siete años de cárcel y multa de 50 millones de euros para cada uno de los cuatro principales condenados, así como cinco años de prisión y también 50 millones de multa para la responsable del departamento de Compras del sindicato, mientras que para los proveedores reclamó la imposición de tres años de prisión y el pago de una multa de 3600 euros. 

El Gobierno andaluz, sobre la sentencia de UGT: "Un reflejo de la Andalucía del pasado"

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Sanz ha trasladado el respeto del Gobierno autonómico, que en este caso era acusación particular, a las decisiones judiciales y ha valorado que "gracias a Dios estas cosas han cambiado en Andalucía y hoy tenemos una Andalucía distinta".

Según Sanz, esta sentencia es "una fotografía más de la época pasada de los gobiernos socialistas que no tiene nada que ver con lo que hoy son los gobiernos de Juanma Moreno".

Ha asegurado que el actual Ejecutivo del PP ha impulsado iniciativas legislativas para garantizar "que este tipo de hechos no se pueden volver a repetir" como la creación de una oficina antifraude, de un cuerpo de interventores de la Junta, medidas en relación con la ley de incompatibilidades o la publicación de contratos en el Portal de Transparencia.

En cuanto a la devolución por parte de la UGT a la Junta de los 40 millones de euros defraudados que pide la sentencia, Sanz ha recordado que todavía caben recursos y no sabe qué puede ocurrir.

UGT-A recurrirá la sentencia por fraude que lo declara responsable civil subsidiario

A través de un comunicado, UGT-A ha asegurado que "respeta" la sentencia de la Audiencia sevillana "como lo hace con cualquier decisión judicial", pero que "no comparte" sus argumentos y conclusiones.

Por ello, los servicios jurídicos del sindicato están estudiando ya el recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se preparará antes del próximo miércoles 4 de diciembre.

"Queremos recordar que el sindicato no ha sido condenado por ningún delito, sino que es declarado en sentencia exclusivamente como responsable civil subsidiario", ha aclarado.

Respecto a los antiguos dirigentes del sindicato condenados, a nivel particular, UGT-A ha apostillado que serán sus abogados quienes deberán determinar la presentación de los correspondientes recursos.

Fuente: EFE