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La convalidación del real decreto ley que permitirá la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones Públicas está en el aire a la espera de que el PP defina su voto, después de que Vox y Podemos hayan adelantado que se opondrán a la norma.
El texto, debatido este jueves en el Congreso, eleva además el plus por residencia en Baleares a los funcionarios del Estado. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que la medida mejorará la vida de 11.000 empleados públicos en el archipiélago y la de otros miles de trabajadores que podrían acogerse a la jubilación parcial.
¿Qué permite el decreto ley de jubilación parcial?
La norma habilita la contratación temporal de relevistas para sustituir al personal laboral de las administraciones que se jubile parcialmente. Ese contrato podrá extenderse desde la fecha de efectos de la jubilación parcial hasta un máximo de dos años posteriores a su extinción, o hasta que se formalice el contrato fijo de relevo.
El objetivo es desbloquear una situación paralizada desde abril de 2025. Un desarrollo de la reforma de pensiones estableció que los relevistas debían ser siempre indefinidos y a tiempo completo, una fórmula incompatible en la práctica con el sector público, donde la fijeza exige haber superado una oposición o un concurso oposición.
Por qué estaba bloqueada esta modalidad en la Administración
El requisito de contratar relevistas fijos obligaba a convocar ofertas públicas de empleo que retrasan años la cobertura de las plazas. La solución que plantea el decreto pasa por que las administraciones cuenten con un instrumento de planificación, preferentemente esas mismas ofertas, donde establezcan la cobertura de las jubilaciones parciales.
López ha detallado que la Administración General del Estado ya ha incorporado 854 plazas para la contratación de personal relevista fijo en la oferta de empleo público de 2026.
Qué exige Podemos para apoyar la norma
La formación morada condiciona su respaldo a que el mismo decreto incluya la fijeza de los aproximadamente 900.000 trabajadores públicos interinos. Fuentes del partido trasladaron al Gobierno que “se opondrán al decreto de jubilación parcial si se mantiene su actual redacción y que solo apoyarán dicha reforma si en el mismo decreto se incluye la fijeza de los interinos”.
Podemos apela a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligan a reconocer esa fijeza en situaciones de fraude de ley y abuso de temporalidad, y reprocha al Ejecutivo tener bloqueada la Ley de Función Pública “precisamente por no querer afrontar esta cuestión”. Recuerda además que el pasado 29 de junio venció el plazo dado por la Comisión Europea y que el Gobierno solicitó una prórroga.
Su portavoz, Ione Belarra, ha asegurado que con sus votos no se hará ninguna reforma del empleo público si antes no se resuelve el problema de la interinidad.
Qué han argumentado PP y Vox
El diputado del PP Ángel Ibáñez ha sido muy crítico con una medida que, a su juicio, trata de arreglar “sin estrategia ni planificación” una “avería” provocada por el propio Gobierno con la reforma del contrato de relevo. Ha defendido que “frente al desastre” será un nuevo Ejecutivo el que en breve se hará cargo de la Función Pública.
Por parte de Vox, el diputado Emilio del Valle ha dejado claro que su grupo se opondrá “a todo lo que traiga este Gobierno salpicado de corrupción”.
El ministro ha reprochado al PP que, en lugar de fijar posición, haya dado un mitin, y ha recordado que en siete años de gobierno los populares convocaron 64.000 plazas públicas frente a las cerca de 300.000 del Ejecutivo actual. “Si se aprueba será mérito de todos, pero si no sale me encargaré de que se enteren de por qué y por quién no ha salido adelante”, ha advertido.
Cuántos votos necesita el decreto para salir adelante
Con el rechazo conjunto de PP, Vox y Podemos, que suman 173 escaños, la aprobación de la norma resultaría muy ajustada. Requeriría que votasen los 350 diputados de la Cámara y que no se registrasen más votos sueltos en contra, como podría ser el de UPN.
El Gobierno ha pedido además a Podemos que ayude a alcanzar acuerdos con las comunidades autónomas para acabar con el abuso de la temporalidad, al ser las administraciones con mayores tasas de interinidad y el principal obstáculo para sacar adelante la Ley de Función Pública.