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La polémica judicial que rodea al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sumó un nuevo capítulo este fin de semana. Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la fianza de 150.000 euros que el juez Ángel Hurtado le impuso al fiscal, al considerar que esa cantidad no refleja la magnitud del perjuicio sufrido. Su defensa reclama que el monto se eleve a 300.000 euros.
La resolución del magistrado se enmarca en el auto de apertura de juicio oral contra García Ortiz, donde se le exigió una fianza de 150.000 euros para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias como costas o multas derivadas del procedimiento.
El juez advirtió además que, en caso de no prestar la fianza en cinco días, se procederá al embargo de bienes. Ese plazo vence esta semana, independientemente de que el fiscal general decida recurrir la medida.
El trasfondo de esta disputa no se limita al ámbito económico. Según la defensa de González Amador, el caso está vinculado a un proceso de "lesión continuada" que trasciende lo jurídico y alcanza esferas personales, familiares y profesionales.
González Amador habla de una vulneración sin precedentes
En su recurso, el novio de Ayuso subraya que "jamás ha existido en nuestro sistema jurídico y constitucional una vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano tan intensa, lesiva y significativa derivada del comportamiento del entonces fiscal general".
Asimismo, denuncia que "desde antes de que ningún procedimiento penal existiera frente a Alberto González Amador, las lesiones procesales y los daños extraprocesales personales, familiares, profesionales y empresariales son continuos durante ya más de 550 días, actualizándose diariamente en la forma, intensidad y con los fines expuestos" .
Por todo ello, González Amador sostiene que "siendo la lesión continuada y actualizada diariamente con la intensidad propia del relato político que persigue desde su origen, la indemnización de los continuos perjuicios morales no debe valorarse en un importe inferior a 300.000 euros" .
La APIF pide la suspensión cautelar del fiscal general
A la par de este recurso, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) también presentó una impugnación ante la Sala. Su objetivo es que se suspenda de manera cautelar a García Ortiz mientras dure el proceso judicial.
El juez Hurtado rechazó esa solicitud al considerar que la normativa vigente establece un procedimiento administrativo para suspender a miembros de la carrera fiscal, pero que no contempla de forma específica la figura del fiscal general, lo que él calificó como un "vacío legal". No obstante, envió el auto a la Inspección Fiscal para que se pronuncie.
Desde APIF, sin embargo, se insiste en que el reglamento que prevé la suspensión provisional de fiscales en caso de apertura de juicio oral también es aplicable al fiscal general. La asociación argumenta que esta medida es "imprescindible para garantizar el correcto desarrollo" del proceso, ya que de lo contrario podría producirse una distorsión en el juicio.
Temor a un "agravio comparativo" en la carrera fiscal
En su recurso, APIF advierte de que si García Ortiz continúa en su puesto será el "superior jerárquico" del fiscal encargado del juicio, lo que le permitiría "impartirle órdenes", generando una "distorsión inaceptable" al estar actuando en beneficio propio (fuente: recurso de APIF).
Además, la asociación alerta de que no suspender al fiscal general supondría "un agravio comparativo" respecto al resto de la carrera y abriría la puerta a "situaciones anómalas".
Como ejemplo, recuerdan que García Ortiz participó en la apertura del año judicial junto al rey, y advierten de que, de seguir en el cargo, podría llegar a sentarse en el Tribunal Supremo "por la puerta noble" justo cuando se celebre el juicio contra él.
