En esta noticia
El Tribunal Supremo ha formalizado la imputación de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y ha citado su declaración para el 30 de junio.
El magistrado Leopoldo Puente, a cargo de la causa, solicitó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la investigación completa de su patrimonio y acceso a sus cuentas bancarias, correo electrónico corporativo y bienes personales.
El procedimiento forma parte de la investigación sobre presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública durante la gestión del exministro José Luis Ábalos, con quien Cerdán habría colaborado, según sospecha el juez.
La causa incluye ya a cinco empresarios como investigados y ha motivado diligencias sobre varios contratos realizados por organismos como ADIF y la Dirección General de Carreteras.
¿Qué investiga la Justicia sobre Santos Cerdán?
El magistrado Puente ordenó a la UCO un análisis exhaustivo del patrimonio de Cerdán. Solicitó información sobre todas las cuentas bancarias, productos financieros, inmuebles y vehículos a su nombre, salvo aquellas vinculadas al PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias. También pidió datos fiscales para conocer su situación económica con precisión.
Además, autorizó a los agentes a clonar el contenido del correo electrónico corporativo de Cerdán, que se utilizaba presuntamente para comunicarse con Koldo García, exasesor de Ábalos.
La UCO ingresó en la sede del PSOE para copiar esa información, bajo orden judicial. La medida busca determinar el alcance de las gestiones que habría realizado a favor de determinadas empresas.
El juez también rechazó permitir el registro del domicilio y despacho de Cerdán, al considerar que esa diligencia no resulta útil en este momento. Argumentó que el riesgo de destrucción de pruebas ya no se evita mediante esa medida, puesto que el investigado conoce la existencia del proceso desde hace varios días.
¿Quiénes son los empresarios vinculados a la trama?
La investigación judicial incorpora a cinco empresarios como nuevos investigados, a quienes se les imputa haber participado en un sistema de adjudicación irregular de contratos públicos.
El primero es Antxon Alonso, socio de Cerdán en la empresa Servinabar 2000, mencionada por la UCO como un canal de beneficios de origen sospechoso.
Junto a Alonso, aparecen Antonio y Daniel Fernández, Fernando Merino y José Ruz, empresarios que, según el juez, habrían obtenido adjudicaciones a cambio de sobornos.
Sus empresas, entre ellas Acciona, O.P.R., L.I.C. y la fundación Fiadelso, están bajo la lupa judicial. La investigación alcanzará unas 500 cuentas bancarias vinculadas a los mencionados.
El juez sospecha que la conducta de estos empresarios está estrechamente ligada a la de Cerdán. Por eso, sus testimonios serán claves en las audiencias previstas entre el 4 y el 7 de julio. Se busca determinar si formaban parte de una red estructurada para obtener beneficios económicos mediante favores políticos.
¿Qué implicaciones tiene el acceso a correos y contratos públicos?
La UCO también accedió a instalaciones del Ministerio de Transportes, ADIF y la Dirección General de Carreteras. En estos lugares, los agentes recabaron información relacionada con contratos que podrían haber sido adjudicados de manera irregular. Las diligencias se enfocaron en obras ferroviarias y de infraestructura vial.
Entre loscontratos investigados figuran la integración del tren en Sant Feliú de Llobregat, el soterramiento de vías en Murcia, tramos del corredor mediterráneo y diversas obras en Lugo, Asturias, Sevilla, Jaén, Teruel y La Rioja. El juez solicitó a los organismos públicos documentación detallada sobre estos proyectos.
El magistrado también dirigió la atención a antiguos altos cargos como Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, expresidenta de ADIF y exdirector de Carreteras, respectivamente. Por no tener fuero, remitió el caso de ambos a la Audiencia Nacional para que evalúe si corresponde abrir una investigación específica sobre su actuación
