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En un paso clave para reforzar el derecho a la vivienda en España, el Gobierno ha anunciado que destinará una partida de 35 millones de euros en 2025 a las comunidades autónomas que regulen el mercado del alquiler.
La condición para que las provincias puedan acceder a estos fondos es declarar zonas tensionadas, una figura recogida en la Ley de Vivienda como herramienta para contener o reducir los precios en áreas donde acceder a una vivienda se ha vuelto especialmente difícil.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, confirmó la medida durante la inauguración de Construmat, el salón de la construcción celebrado en L'Hospitalet de Llobregat.
"Declarar una zona tensionada no es un éxito. Es reconocer que estamos ante un problema y que hay que ponerse a solucionarlo", subrayó. Actualmente, solo Cataluña, el País Vasco y Navarra han iniciado este proceso, aunque el Ministerio espera que más regiones se sumen en los próximos meses.
La dotación económica se ampliará en años sucesivos, y pretende ser un estímulo para que los gobiernos autonómicos adopten políticas que frenen la escalada de los alquileres, especialmente en grandes ciudades y áreas metropolitanas. "Nuestro objetivo es garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada", señaló Rodríguez.
¿Qué comunidades podrán acceder a los fondos para contener los alquileres?
Las comunidades autónomas que ya han declarado zonas tensionadas -como Cataluña- o estén en proceso de hacerlo, serán las primeras en beneficiarse del reparto de los 35 millones de euros previstos para 2025.
Esta asignación está alineada con el artículo 18 de la Ley de Vivienda, también conocida como Ley de Alquileres, que habilita medidas de financiación específicas para contener o reducir los precios del alquiler.
Además del respaldo económico, el Ejecutivo nacional pondrá a disposición de estas regiones todos los recursos de la empresa pública SEPES (Entidad Estatal de Suelo), con prioridad en los municipios con mayor tensión residencial. En palabras de la ministra: "Vamos a movilizar todos los recursos disponibles donde más se necesiten, y eso incluye los núcleos urbanos de Cataluña".
Rodríguez también remarcó que la ley contempla bonificaciones para los propietarios que rebajen voluntariamente las rentas, como parte de un enfoque colaborativo entre administración pública y sector privado.
Vivienda tensionada: una herramienta clave frente a la crisis habitacional
La declaración de zonas tensionadas no es un mero trámite burocrático. Es el paso previo para aplicar límites a los precios del alquiler en barrios y ciudades donde el mercado se ha descontrolado. Esta medida, aunque controvertida, se ha convertido en una de las principales apuestas del Gobierno para mitigar la crisis habitacional.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, respaldó públicamente esta política durante el acto de Construmat, donde pidió "confianza al sector privado" para avanzar en la construcción de nuevas viviendas. "Nuestro norte es el bien común y el interés general. Nos toca responder a la necesidad urgente de construir tantas viviendas como sea posible", afirmó.
Desde el Ayuntamiento de L'Hospitalet, su alcalde, David Quirós, destacó la urgencia del problema: "Tenemos barrios donde el 85% de las viviendas tienen más de 50 años. No queremos normalizar la precariedad", advirtió, haciendo un llamado a la acción conjunta entre administraciones y empresas.
¿Cuándo entrará en vigor esta regulación de alquileres?
El paquete económico destinado a incentivar la regulación de los alquileres se repartirá a lo largo de 2025, según confirmó el Ministerio de Vivienda. Aunque no se especificó un calendario exacto, se espera que la transferencia de fondos comience a aplicarse en cuanto las comunidades cumplan con el requisito de declarar zonas tensionadas.
Esto implica que las comunidades que actúen con mayor celeridad podrán beneficiarse antes de los recursos estatales, facilitando así la puesta en marcha de políticas de control de rentas.
La ministra Rodríguez dejó claro que el Gobierno no obligará a ninguna autonomía, pero insistió en que aquellas que no actúen deberían al menos atender las solicitudes de los ayuntamientos que sí quieren avanzar en esa dirección.
Colaboración público-privada: un pilar de la estrategia
El presidente de Construmat y de la patronal de promotores APCEspaña, Xavier Vilajoana, celebró que por primera vez "se habla con sentido común" sobre vivienda, y defendió la necesidad de trabajar conjuntamente con las administraciones. "El sector privado está preparado, pero no podrá hacerlo sin colaboración público-privada", advirtió.
También pidió no enfocarse únicamente en vivienda asequible, argumentando que "no podemos decirle a la gente cómo debe vivir". Esta visión apunta a equilibrar la intervención pública con la libertad de mercado, un debate que será central en la implementación de las políticas anunciadas.
La efectividad de esta estrategia dependerá de la respuesta de las comunidades autónomas y de su capacidad para implementar cambios concretos. Como dijo Salvador Illa: "No tenemos varitas mágicas, pero sí voluntad política para dar respuestas a un problema urgente".