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El Gobierno ha propuesto a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado tras la renuncia de Álvaro García Ortiz, inhabilitado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. El relevo se produce en un contexto de tensión institucional y fuertes debates sobre el papel del Ministerio Fiscal en España.
La candidata designada por el Ejecutivo es una figura ampliamente reconocida en el ámbito judicial por su compromiso con la protección de las víctimas de violencia de género. Su perfil técnico, trayectoria profesional y posicionamientos públicos han sido puestos en valor por el Gobierno y varios sectores políticos.
Una carrera judicial marcada por el compromiso social
Nacida en Salamanca en 1962, Teresa Peramato Martín es fiscal desde 1987. Su carrera ha estado centrada en el ámbito penal, especialmente en el tratamiento judicial de los delitos contra las mujeres. Actualmente es fiscal de Sala del Tribunal Supremo y también ocupa el cargo de fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, una posición que le ha otorgado visibilidad y autoridad en uno de los temas más sensibles del sistema judicial.
Peramato fue durante años la mano derecha de Soledad Cazorla, la primera fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer. Desde ese puesto, ha impulsado cambios legislativos y prácticas judiciales orientadas a mejorar la atención a las víctimas y a sus hijos. “La protección de las víctimas debe ir de la mano de la protección de sus hijos e hijas”, ha señalado en varias intervenciones públicas y en informes institucionales.
Reacciones políticas y respaldo del Gobierno
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que Peramato es “una persona absolutamente idónea para dirigir la Fiscalía General del Estado”. Destacó su “compromiso feminista y su vocación de servicio público”, y subrayó que su designación se da en vísperas del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Desde Sumar, formación integrada en el Gobierno de coalición, han valorado positivamente la propuesta. En un comunicado difundido a medios, calificaron a Peramato como una “jurista de reconocido prestigio comprometida con la igualdad y los derechos humanos”, y consideraron su nombramiento como “una oportunidad para fortalecer la independencia del Ministerio Fiscal”.
En contraste, desde el Partido Popular no han emitido comentarios formales sobre el nombramiento, aunque continúan criticando el modo en que el Gobierno gestiona los relevos en órganos clave. En los últimos días, figuras de la oposición han denunciado lo que consideran una estrategia para “instrumentalizar” las instituciones judiciales.
Trámites y contexto del relevo
El proceso para designar a Peramato incluye la emisión de un informe no vinculante del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), seguido por una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso. Una vez superados estos pasos, el nombramiento será aprobado en Consejo de Ministros y refrendado por el Rey.
El cambio al frente de la Fiscalía llega tras la renuncia de Álvaro García Ortiz, quien fue condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por vulnerar el derecho a la intimidad de una persona al filtrar documentos reservados. Pese a las críticas, desde el Ejecutivo han defendido su actuación: “Ha sido un servidor público comprometido con la verdad y la justicia”, afirmó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
Un perfil técnico en tiempos de polarización institucional
La elección de Teresa Peramato se produce en un momento clave para el sistema judicial. La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, aún en desarrollo, plantea una redefinición del papel del fiscal en las investigaciones penales. En ese contexto, el Gobierno apuesta por una figura con solvencia técnica y perfil institucional para liderar esa transición.
Su nombramiento no solo tiene implicaciones judiciales, sino también simbólicas. El respaldo a una mujer que ha dedicado buena parte de su vida a combatir la violencia machista representa una señal clara de la orientación que el Ejecutivo quiere imprimir al Ministerio Fiscal. Queda por ver si, en un clima de elevada tensión entre poderes, Peramato podrá consolidar un liderazgo eficaz y autónomo desde la cúspide de la Fiscalía.
