En esta noticia
El Gobierno de España ha aprobado una subida salarial para los funcionarios del 2,5% en 2025 y del 1,5% en 2026, con la posibilidad de añadir un 0,5% adicional si la inflación lo permite. La medida beneficiará a más de 3,5 millones de empleados públicos y busca garantizar su poder adquisitivo en un contexto de recuperación económica.
Este incremento forma parte de un acuerdo firmado con los principales sindicatos del sector público y se incluye en un decreto-ley que ya ha recibido luz verde del Consejo de Ministros. El objetivo es ofrecer estabilidad salarial a medio plazo y reforzar el atractivo del empleo público en todo el país.
Cómo se aplicará la subida y a quién beneficia
El incremento del 2,5% para 2025 se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero y se abonará mediante una nómina adicional en diciembre para los 540.000 empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE). Para el resto de administraciones públicas, el pago se negociará en cada ámbito, pudiendo repartirse entre 2026 y 2028 o aplicarse íntegramente en diciembre de 2025.
Además, para 2026 se ha fijado un aumento fijo del 1,5%, con la posibilidad de sumar un 0,5% adicional si la inflación (IPC) alcanza o supera ese mismo porcentaje durante el ejercicio. En cifras concretas, un salario bruto mensual de 3.300 euros recibiría en diciembre una paga adicional de unos 1.140 euros en concepto de atrasos.
Un acuerdo con respaldo sindical con matices
El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha calificado la medida como “un buen acuerdo”, destacando que garantiza no solo el poder adquisitivo sino también refuerza el sector público. El acuerdo ha sido suscrito por UGT y CSIF, mientras que CCOO estaba pendiente de sumarse tras una reunión interna programada para esta semana.
Desde los sindicatos, el clima es de moderada satisfacción. CCOO ya había señalado días antes que es momento de que “los sueldos crezcan y las empresas paguen más”, en línea con la mejora del empleo registrada en los últimos meses. “Es momento de que la recuperación se note en los hogares”, expresó su secretario de Comunicación, Marcelo Ortega.
Por su parte, UGT ha vinculado esta decisión con la “buena marcha de la economía” y ha insistido en la necesidad de salarios más justos, acordes con los beneficios empresariales y el dinamismo económico actual.
Otras medidas en marcha
El decreto aprobado no se limita a la cuestión salarial. También incorpora la revisión del complemento de residencia e insularidad para los empleados públicos destinados en Canarias y Baleares, una demanda histórica que busca reconocer los costes añadidos de trabajar en esos territorios.
Asimismo, el acuerdo forma parte de un plan más amplio que contempla un aumento salarial acumulado del 11% entre 2025 y 2028. A la subida del 2,5% en 2025 y el 1,5% (más el posible 0,5%) en 2026, se suman un 4,5% para 2027 y un 2% para 2028, configurando así un horizonte de mejora progresiva de las condiciones retributivas en el sector público.
La medida llega en un contexto de debate sobre el valor del servicio público y la necesidad de atraer talento a las administraciones. Para el Gobierno, este tipo de acuerdos refuerzan esa idea: “No solo es una cuestión de salario, sino de futuro para un sector clave”, concluyó López.
