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El caso mascarillas ya tiene sentencia firme. El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses por una trama de corrupción vinculada a contratos públicos de mascarillas durante la pandemia.
La resolución también condena al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio de cárcel. Sin embargo, el comisionista no ingresará en prisión después de que el alto tribunal haya suspendido la ejecución de la pena debido a su colaboración con la Justicia.
La sentencia fue adoptada por unanimidad y considera acreditados delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Además, el Supremo subraya el impacto institucional del caso y destaca “el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción”.
Caso mascarillas: las condenas que impone el Supremo a Ábalos, Koldo y Aldama
Según la sentencia, José Luis Ábalos ha sido condenado a “24 años y 3 meses de cárcel”, mientras que Koldo García recibe una pena de “19 años y ocho meses de prisión”. Ambos se encontraban ya en prisión provisional cuando se conoció el fallo.
El empresario Víctor de Aldama ha sido el principal beneficiado por su colaboración con la Justicia. El Supremo le impuso una pena de cuatro años y medio, pero acordó suspender su ingreso en prisión siempre que cumpla una serie de condiciones, entre ellas no cometer nuevos delitos y realizar trabajos en beneficio de la comunidad.
La Sala destaca que Aldama “confesó el pago de mordidas” y que su testimonio resultó decisivo para esclarecer los hechos investigados en el marco del caso mascarillas.
El Supremo describe un “claro plan criminal” para obtener beneficios económicos
La sentencia sostiene que los tres condenados desarrollaron un “claro plan criminal” que comenzó cuando iniciaron sus relaciones personales y profesionales en 2019. Según el tribunal, la estructura buscaba aprovechar la posición institucional de Ábalos para facilitar contrataciones públicas.
Los magistrados consideran probado que los acusados vieron la oportunidad de obtener un beneficio económico común aprovechando “el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España y también en el Partido Socialista”.
De acuerdo con la resolución, cada integrante desempeñaba una función específica. Ábalos aportaba influencia política e institucional; Koldo García actuaba como intermediario y ejecutor de las gestiones; y Víctor de Aldama se encargaba de captar intereses empresariales y canalizar las contraprestaciones económicas.
Uno por uno: qué rol atribuye el Supremo a Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama
La sentencia del Tribunal Supremo dedica un apartado específico a explicar cómo funcionaba la estructura que, según los magistrados, integraban José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. El fallo sostiene que existía un “claro plan criminal” y que cada uno desempeñaba funciones diferenciadas dentro de la organización.
José Luis Ábalos: la influencia política y el acceso a la Administración
Según el Supremo, Ábalos era considerado el máximo referente de la estructura por el resto de los integrantes. La sentencia señala que aportaba la autoridad derivada de su cargo como ministro de Transportes y de su posición dentro del PSOE.
Los magistrados sostienen que utilizó su capacidad de influencia para favorecer contrataciones públicas y facilitar a Aldama un “acceso preferente” a distintos organismos de la Administración. El tribunal destaca además su “gran poder influencia” no solo dentro del Ministerio de Transportes, sino también ante otros ministerios y administraciones públicas.
Koldo García: el intermediario y ejecutor de las gestiones
La sentencia describe a Koldo García como el hombre de confianza de Ábalos y el encargado de ejecutar muchas de las actuaciones de la trama. El Supremo afirma que actuaba en nombre del entonces ministro y que era el “fiel transmisor” de sus decisiones.
No obstante, los magistrados subrayan que su papel no era secundario. Según el fallo, influyó “decisivamente” en la adjudicación de contratos públicos mediante gestiones personales, organizó contrataciones en empresas públicas y gestionó la “obtención de dádivas”. También era quien manejaba parte del dinero en efectivo relacionado con la organización.
Víctor de Aldama: el comisionista que captaba negocios y repartía beneficios
Para el Tribunal Supremo, Aldama era la pieza encargada de conectar a empresas y particulares con la Administración. La sentencia sostiene que aprovechó su relación con Ábalos y Koldo García para garantizar adjudicaciones públicas mediante el pago de comisiones.
Los magistrados consideran probado que era el “encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la Administración” y que obtenía beneficios económicos de esas operaciones. Parte de esas ganancias, según la resolución, se distribuían posteriormente entre los miembros de la organización.
Otras personas bajo investigación
Aunque la sentencia se centra en los tres condenados, el Supremo también afirma que la organización contaba con el apoyo de “otras autoridades y funcionarios” del Ministerio de Transportes, además de personas vinculadas al entorno empresarial de Aldama y a familiares de Koldo García.
Varios de esos nombres continúan siendo investigados en la rama de la causa que permanece abierta en la Audiencia Nacional, entre ellos antiguos altos cargos del Ministerio de Transportes y otros colaboradores relacionados con la trama.
Qué hechos no considera probados el Tribunal Supremo
La sentencia también delimita qué acusaciones no han quedado acreditadas. Entre ellas figura la supuesta entrega de 25.000 euros a Carlos Moreno, exjefe de gabinete de María Jesús Montero.
Aunque el Supremo considera probadas las gestiones realizadas para intentar obtener un aplazamiento de deuda para una empresa de Aldama, concluye que “no ha quedado probado” que existiera el pago de esa cantidad ni que hubiera una contraprestación económica.
Asimismo, la Sala descarta la existencia de delito en la emisión de salvoconductos o certificados de movilidad durante el estado de alarma para determinados ciudadanos. El tribunal reconoce que esos documentos existieron, pero señala que no se ha demostrado que las reuniones justificadas en ellos fueran ficticias.
Con esta resolución firme, el Tribunal Supremo cierra una de las principales causas de corrupción surgidas en torno a la contratación pública durante la pandemia y fija las responsabilidades penales de los principales implicados en el caso mascarillas.