

El Gobierno ha defendido este miércoles el derecho a la libertad de expresión y ha rechazado que esté presionando a los jueces, después de que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, reclamara "el cese de cualquier presión o interferencia en la labor judicial".
En la inauguración de las XXXIII Jornadas de los Jueces Decanos de España, en Alicante, y sin citar ningún caso judicial, la presidenta del CGPJ ha afirmado que se atraviesan "momentos difíciles que traen consigo problemas desconocidos" en los que se sufren "presiones" y en los que, incluso, los jueces ven cómo les atribuyen "propósitos desviados" en sus decisiones.

Estas declaraciones llegan después de que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, criticara en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que hay "algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender", tras la decisión del Tribunal Supremo de procesar por un delito de revelación de secretos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha rechazado esas presiones y, preguntado por si se sentía interpelado por las palabras de Perelló, ha contestado con un escueto no.

"La inmensa mayoría de los jueces y magistrados en nuestro país hacen su trabajo con rigor, con imparcialidad y con profesionalidad. Y por supuesto, ese respeto no está reñido con un sistema garantista de recursos donde se pueden impugnar resoluciones judiciales que uno no comparte y también con el derecho a la libertad de expresión", ha defendido.
Por su parte, en un acto de celebración del centenario de la Generación del 27, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha subrayado que "no estamos presionando a los jueces". "Creemos en la separación de poderes cuando están las investigaciones en curso y en la presunción de inocencia".
Torres ha defendido que "todo esto nace de una falsa información", un bulo en el que se publica que la Fiscalía había ofrecido un pacto al abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso "cuando había sido justamente al revés".
Además, ha expresado el apoyo del Gobierno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la decisión del Tribunal Supremo de procesarlo por un delito de revelación de secretos.
Fuente: EFE.












