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La política salarial en España se encuentra en un momento de debate intenso. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha subido de forma notable en los últimos años y se ha convertido en un instrumento central de la política laboral. Sin embargo, su impacto no es homogéneo en todo el país y sus efectos varían según la región.
Recientemente, expertos en economía laboral han planteado que tal vez ha llegado el momento de debatir un enfoque más descentralizado. La idea que gana fuerza es que debería haber un salario mínimo adaptado a cada comunidad autónoma, en lugar de uno único para todo el territorio español, como ocurre ahora.
Por qué los expertos plantean un SMI por comunidad autónoma
Uno de los argumentos que han sonado con más fuerza en las últimas semanas es la disparidad en la relación entre el SMI y los salarios medios según la región. Tal y como ha explicado un profesor consultado en el debate: “el salario mínimo interprofesional actual ya supera el 60 por 100 de los salarios medios en varias comunidades autónomas”.
Este desajuste estadístico tiene consecuencias concretas. En regiones donde el SMI representa una porción muy alta del salario medio, los empleadores pueden esforzarse menos por ofrecer incrementos salariales adicionales al resto de la plantilla.
Según los expertos, esto se traduce en un estancamiento de los sueldos que no solo afecta a quienes cobran el mínimo, sino también a otros trabajadores con ingresos bajos.
Además, elevar el SMI de forma uniforme implica un aumento del coste laboral total para las empresas, no solo en el salario base sino también en las cotizaciones sociales, que representan alrededor del 30 % del coste total.
Ese mayor gasto puede llevar a que algunas empresas trasladen el incremento salarial a menores subidas en otros sueldos, lo que limita la mejora real del poder adquisitivo de las plantillas en su conjunto.
Este enfoque ha llevado a algunos economistas a proponer que el SMI debería ajustarse según variables como el nivel de vida, el coste de la vida y la productividad por región.
Qué efectos tiene el SMI actual y por qué genera debate
En España, el salario mínimo para 2025 está fijado en 1184 euros al mes en 14 pagas, lo que supone un incremento del 4,4% respecto al año anterior. Este aumento forma parte de una tendencia al alza que ha incrementado el SMI más del 60% desde 2018, una de las subidas más importantes en décadas.
Los defensores del SMI consideran que este instrumento protege a los trabajadores con menores ingresos y contribuye a reducir la desigualdad salarial. Estudios económicos avalan que incrementos del salario mínimo pueden mejorar los ingresos de las familias en la base del espectro salarial, reduciendo la pobreza laboral e incluso generando efectos de arrastre en sueldos cercanos al salario mínimo.
Sin embargo, los críticos señalan que una única cifra nacional no toma en cuenta las diferencias regionales de coste de vida y mercado laboral. Por ejemplo, el salario medio en algunas comunidades puede ser mucho más alto que en otras, lo que hace que un SMI uniforme tenga un impacto distinto en la capacidad de contratación y en la competitividad de las empresas.
La propuesta de establecer un SMI específico por comunidad autónoma ha ganado apoyo precisamente por estas razones, y no solo entre economistas. Según algunos análisis recientes, la relación entre SMI y salario medio puede variar notablemente de una región a otra, lo que plantea preguntas sobre la equidad y la efectividad del sistema actual.
Cómo funcionaría un salario mínimo autonómico
La idea de un salario mínimo regionalizado consistiría en que cada comunidad autónoma tuviera la potestad de fijar su propio SMI, tomando como referencia factores locales como el coste de vida, la vigencia de convenios colectivos, la productividad regional y otras variables socioeconómicas
Esto permitiría adaptar las políticas salariales a las realidades específicas de cada territorio y, según sus defensores, podría reducir las distorsiones que genera un salario único para un país tan diverso.
Por ejemplo, regiones con salarios medios muy elevados podrían establecer un SMI más alto para que el suelo salarial esté más alineado con la estructura productiva local. De manera paralela, áreas con menor coste de vida y menor actividad económica podrían fijar un SMI más moderado sin poner en riesgo la competitividad de empresas locales.
Este enfoque no está exento de desafíos. Requiere un marco legal complejo, coordinación con convenios colectivos, y posibles reformas del Estatuto de los Trabajadores para permitir que cada comunidad autónoma tenga la autoridad legislativa necesaria.
Además, supondría un cambio importante en el actual modelo de relaciones laborales, que ha estado basado en un salario mínimo uniforme desde hace décadas en España.
En cualquier caso, la propuesta ya ha encendido el debate político y social. Algunos partidos y sindicatos respaldan la idea como una forma de mejorar la justicia salarial territorial, mientras que sectores empresariales advierten de los riesgos de fragmentar el mercado laboral.
A medida que continúan las negociaciones sobre el SMI para 2026 y se analizan sus implicaciones para la economía y el empleo, la discusión sobre un salario mínimo por comunidad autónoma seguirá siendo una de las cuestiones más comentadas en el panorama laboral español.