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Encontrar una vivienda de alquiler se ha convertido en una tarea compleja en gran parte del país. Los precios suben de forma sostenida y la oferta disponible no logra acompañar una demanda en constante crecimiento. A este escenario se suma la prohibición de desahucios, prorrogada ahora hasta 2026, que reconfigura el mercado.
La medida impacta de forma directa en propietarios e inquilinos. Muchos dueños optan por retirar sus inmuebles tras experiencias previas de impagos prolongados. En paralelo, quienes buscan alquiler describen el proceso como una auténtica carrera de obstáculos.
El Gobierno alcanzó un acuerdo político para extender el llamado escudo social. La decisión incluye protección reforzada para familias vulnerables y mantiene restricciones que están vigentes desde la pandemia, según los decretos aprobados.
Por qué la prohibición de desahucios afecta el alquiler
La prohibición de desahucios sin alternativa habitacional se dirige a hogares en situación de vulnerabilidad. Comprende circunstancias de impago de la renta y casos amparados por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. Esta medida influye en las decisiones de los propietarios.
Estas políticas fueron implementadas con el Real Decreto 11/2020, de fecha 31 de marzo, aprobado en el contexto de la pandemia. Desde ese momento, el Ejecutivo ha optado por renovarlas anualmente, dadas las continuas dificultades en la crisis social y económica.
La última prórroga fue aprobada en el Consejo de Ministros de 2025. El decreto extiende la prohibición de desahucios durante el año 2026, a la espera de la aprobación por parte del Congreso, lo que genera una prolongada incertidumbre en el mercado del alquiler.
Medidas del escudo social que se mantendrán en 2026
El acuerdo político incorpora la prohibición de cortes en los suministros esenciales. Esta medida resguarda a los hogares vulnerables contra la interrupción del suministro de electricidad, agua y gas durante todo el año 2026.
Asimismo, se prorroga el bono social eléctrico. Dichas medidas estaban programadas para expirar el 31 de diciembre, no obstante, el pacto alcanzado permite su extensión por un año adicional, al menos.
EH Bildu enfatizó que “la continuidad de estas medidas sociales significativas es el resultado de un esfuerzo discreto y continuo”. El grupo resaltó que la protección sigue siendo indispensable en el actual contexto económico y social.
A quiénes protege la ampliación de la prohibición de desahucios
La prohibición de desahucios se enfoca en familias en situación de vulnerabilidad que carecen de una alternativa habitacional certificada. Abarca hogares con niños a cargo, personas dependientes y víctimas de violencia de género.
La protección también se extiende a aquellos que habitan en una vivienda sin título legal. En tales situaciones, es necesario que cumplan con los requisitos de vulnerabilidad económica y social estipulados en la normativa actual.
Expertos advierten que la prohibición de desahucios intensifica la selección de inquilinos. Familias con una sola renta, menores o personas mayores pierden opciones frente a perfiles considerados más seguros.
Muchos propietarios que recuperan sus viviendas tras largos litigios deciden retirarlas del mercado. Esta estrategia reduce aún más la oferta y agrava la competencia entre quienes buscan alquiler.
Según el Consejo General del Poder Judicial, los desahucios bajaron un 11,6% interanual. El 76% de los lanzamientos se produjo por conflictos derivados del impago del alquiler.
La portavoz Mertxe Aizpurua afirmó: “Seguiremos trabajando para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía”. El mensaje acompañó el anuncio oficial de la prórroga.
EH Bildu impulsó la negociación con el Ejecutivo para extender el escudo social. El acuerdo se cerró tras semanas de conversaciones y presión de colectivos sociales.
Desde Sumar, Lara Hernández celebró la medida, aunque reclamó congelar los precios del alquiler. El grupo señaló que más de 600.000 contratos vencerán en 2026.