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La UniónEuropea ha dado un paso firme hacia la sostenibilidad con una normativa que transformará por completo el mercado inmobiliario. A partir de 2030, solo podrán venderse o alquilarse viviendas que cumplan con ciertos estándares energéticos.
La medida impactará especialmente en países como España, donde más del 80% del parque habitacional no alcanza el nivel exigido.
Con esta normativa, Bruselas busca alinear al sector residencial con los objetivos climáticos del Pacto Verde Europeo. La exigencia no solo afecta al bolsillo de los propietarios, sino también a millones de inquilinos y compradores potenciales. Las consecuencias serán profundas si no se actúa con previsión.
¿Por qué la Unión Europea prohíbe vender viviendas con baja eficiencia energética?
A partir del 1 de enero de 2030, no se podrá comercializar legalmente ninguna vivienda en la Unión Europea que no tenga al menos una calificación energética tipo E. Esto dejará fuera a aquellas con calificación F y G, actualmente las más comunes en el mercado español.
Tres años después, en 2033, el mínimo subirá a la letra D. Se trata de una estrategia que busca reducir las emisiones de carbono en uno de los sectores más contaminantes: el de la construcción y vivienda.
En España, más de la mitad de los inmuebles fueron edificados antes de 1980, sin criterios modernos de aislamiento térmico. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, la calificación E predomina, seguida de F y G.
Esto significa que millones de viviendas deberán ser reformadas para cumplir con la normativa europea. De lo contrario, no podrán ser puestas en venta ni alquiler, lo que podría afectar directamente al valor de esos inmuebles y generar un efecto dominó en el mercado.
¿Cómo se consigue el Certificado de Eficiencia Energética y qué implica?
Para obtener el Certificado de Eficiencia Energética (CEE), los propietarios deben contactar con un técnico autorizado que evalúe distintos aspectos de la vivienda: materiales de construcción, orientación, tipo de ventanas, calidad del aislamiento y sistemas de climatización, entre otros.
Con base en estos elementos, el profesional asignará una calificación que va desde la A (muy eficiente) hasta la G (muy ineficiente).
Este certificado, obligatorio desde 2013, tiene una vigencia de diez años, salvo para viviendas con calificación G, donde debe renovarse cada cinco. No contar con un CEE válido puede acarrear sanciones que van desde los 300 euros hasta los 6000, dependiendo de la infracción.
A medida que se acerque el plazo de 2030, se prevé un aumento en la demanda de técnicos certificadores y reformasenergéticas, algo que ya preocupa a asociaciones del sector inmobiliario.
