En esta noticia
Dejar una viviendaalquilada sin avisar a la pareja o sin informar al propietario no solo es una falta de responsabilidad: puede tener consecuencias económicas directas para quien se queda.
En España, el Artículo 12 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que el abandono del piso por parte del arrendatario puede perjudicar seriamente a su cónyuge o pareja, si no se cumplen ciertos requisitos legales.
Cuando no hay una notificación formal de desistimiento y el inquilino desaparece sin más, la ley permite que el contrato continúe, pero traslada toda la responsabilidad a la persona que sigue viviendo allí. Y si esta no actúa a tiempo, el resultado puede ser la extinción del contrato y una deuda inmediata por impago.
¿Qué pasa si el inquilino abandona el piso sin comunicarlo?
Según el artículo 12.3 de la LAU, si el arrendatario abandona la vivienda sin declarar formalmente su desistimiento o la no renovación del contrato, el contrato puede mantenerse en beneficio del cónyuge o pareja que convivía con él.
Pero esto solo es posible si se envía una notificación por escrito al arrendador en un plazo máximo de un mes desde el abandono.
Ese mensaje debe expresar la voluntad explícita de continuar como arrendatario. Si no se envía o llega fuera de plazo, el contrato queda extinguido, y quien permanezca en el piso queda obligado a pagar la renta correspondiente a ese mes. No importa que no figure como titular en el contrato: la responsabilidad recae automáticamente.
La ley también permite al propietario requerir al cónyuge para que aclare su situación. Si no responde en un máximo de 15 días, se da por finalizado el contrato y se genera la misma obligación de pago.
¿Quién puede ejercer este derecho y qué condiciones exige?
La ley no limita este beneficio solo a matrimonios. También lo extiende a las parejas de hecho que hayan convivido al menos dos años de forma continuada con el arrendatario o que tengan hijos en común.
En esos casos, basta con probar la convivencia o el vínculo parental para ejercer el derecho a continuar con el alquiler.
No obstante, este derecho no se activa automáticamente. Requiere voluntad expresa, documentación y cumplimiento estricto de los plazos. De lo contrario, incluso si la persona sigue viviendo en el inmueble, no podrá reclamar su permanencia legal, y podría enfrentarse a un desalojo o a deudas inesperadas.
En definitiva, un abandono irresponsable por parte de quien firmó el contrato puede traducirse en un problema legal y económico para su pareja. La normativa protege a quien desea mantener la vivienda, pero exige actuar con rapidez, claridad y dentro de los márgenes legales. No hacerlo a tiempo puede salir muy caro.
