Fuente: Shutterstock
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La digitalización fiscal avanza con paso firme en España. La Administración tributaria estrecha el cerco sobre empresas y autónomos para acabar con fraudes y contabilidades paralelas. Esta modernización del sistema de facturación busca garantizar la integridad financiera del tejido empresarial.
En este contexto, Hacienda ha activado el reglamento técnico VeriFactu, una herramienta diseñada para que desde hoy se prohíba el uso de software que permita llevar contabilidad oculta o manipular ingresos sin dejar rastro.
En menos de un año, más de siete millones de pymes y autónomos deberán adaptarse a esta nueva normativa, que supone un cambio profundo en la gestión tributaria digital.
Control total sobre facturación y borradores
Desde el pasado 29 de julio de 2025, está prohibido que los fabricantes y distribuidores ofrezcan programas de facturación que no estén certificados por Hacienda. Esto implica que cualquier software de doble uso que permita ocultar ventas o llevar duplicados contables queda fuera de la ley desde hoy.
La normativa exige además que cada factura genere un registro inmutable con firma digital, código QR y trazabilidad completa. Ya no se permitirá borrar borradores, albaranes o proformas que no se conviertan en facturas finales: todos los registros previos deberán conservarse en el sistema informático, aunque no se emitan oficialmente.
Fechas clave: obligatoriedad progresiva
La aplicación de VeriFactu será obligatoria desde el 1 de enero de 2026 para empresas que tributan por impuesto sobre sociedades (facturación inferior a 6millones de euros) y desde el 1 de julio de 2026 para micropymes y autónomos.
Hasta esa fecha, los contribuyentes pueden utilizar el sistema de forma voluntaria, con lo que Hacienda podrá recibir registros de facturación anticipadamente.
Sin embargo, la mayoría de los negocios todavía no están preparados: solo alrededor del 10% de los autónomos ya usan software compatible, mientras más del 60% factura manualmente (papel, Excel o Word).
Cuáles son los riesgos y las sanciones por incumplimiento
Esta normativa forma parte de la Ley Antifraude 11/2021 y el Real Decreto 1007/2023, que regulan la trazabilidad y conservación de todos los registros contables relacionados con la facturación.
Las sanciones por usar software no homologado pueden llegar hasta 50.000 euros, especialmente si facilita la contabilidad en B o manipulaciones ocultas.
Para los proveedores de software que no cumplan con las especificaciones técnicas, las multas pueden escalar hasta los 150.000 euros por ejercicio fiscal.