En esta noticia
- Los embargos ya no se limitan a Europa y el conflicto se traslada a Estados Unidos
- “El verdadero coste no son los 2300 millones, sino la pérdida de confianza”
- ¿Por qué los inversores extranjeros ganan y los españoles no?
- La gran lección para futuras inversiones: “No existe incentivo suficientemente atractivo que compense la pérdida de credibilidad”
En plena apuesta por las energías renovables, España diseñó a mediados de la década de 2000 uno de los sistemas de incentivos más ambiciosos de Europa para impulsar la construcción de plantas solares y eólicas. Las primas garantizaban una elevada rentabilidad durante años y atrajeron miles de millones de euros de inversión nacional e internacional.
Tras el estallido de la crisis financiera mundial en 2008 y el creciente déficit del sistema eléctrico, el Gobierno comenzó a revisar ese modelo hasta culminar, en 2013, con una profunda reforma que modificó de forma retroactiva el marco retributivo de las instalaciones renovables, dando origen a una batalla judicial que casi dos décadas después sigue abierta.
Hoy, el Estado español afronta reclamaciones por más de 2300 millones de euros derivadas de arbitrajes internacionales, mientras diversos fondos intentan ejecutar esas decisiones fuera de la Unión Europea mediante el embargo de activos públicos.
En las últimas semanas, la ofensiva judicial ha llegado incluso a Estados Unidos, con procedimientos relacionados con la organización del Mundial de Fútbol de 2026. Mientras los acreedores buscan cobrar las indemnizaciones fuera de la Unión Europea, economistas advierten de que el mayor daño podría no medirse en millones de euros, sino en un activo mucho más difícil de recuperar: la confianza de los inversores.
Los embargos ya no se limitan a Europa y el conflicto se traslada a Estados Unidos
Durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, España impulsó un sistema de primas para fomentar la inversión en energías renovables, garantizando una rentabilidad que convirtió al país en uno de los principales destinos para proyectos solares y eólicos. En los últimos meses, la presión judicial se ha intensificado fuera del territorio europeo.
Diversos acreedores han impulsado procedimientos en Estados Unidos para intentar ejecutar los laudos arbitrales y localizar activos del Reino de España susceptibles de embargo.
Entre las actuaciones más llamativas figura la solicitud de documentación a la sociedad creada por la FIFA para organizar el Mundial de 2026 en territorio estadounidense, con el objetivo de identificar posibles relaciones económicas con instituciones españolas.
Paralelamente, en Países Bajos continúa el litigio por el embargo del edificio del Instituto Cervantes en Utrecht, mientras diferentes tribunales estadounidenses han seguido reconociendo la validez de varios laudos arbitrales. La reciente negativa del Tribunal Supremo de Estados Unidos a revisar uno de estos procedimientos supone un nuevo revés para la estrategia jurídica española.
Según el Financial Times, España ha perdido ya 27 arbitrajes relacionados con el recorte de las primas a las renovables y los acreedores continúan buscando ejecutar esas decisiones fuera de la Unión Europea mediante el embargo de activos públicos. En dicha jurisdicción, España sostiene que son incompatibles con la jurisprudencia comunitaria. Por ese motivo, muchos acreedores han trasladado su ofensiva a jurisdicciones extracomunitarias.
“El verdadero coste no son los 2300 millones, sino la pérdida de confianza”
Mario Cantalapiedra, economista y profesor MBA en Nebrija Business & Technology School, destacó en conversación con El Cronista que el origen del problema va mucho más allá del diseño inicial del sistema de ayudas. “Ambos factores fueron dañinos, pero considero más grave que se modificaran de forma retroactiva las reglas una vez realizadas las inversiones”, explica.
“El diseño inicial de un sistema de primas sobredimensionado fue un error técnico, pero lo realmente dañino para la credibilidad del país fue alterar sustancialmente el marco regulatorio cuando el capital ya estaba comprometido, lo que erosiona de manera clara la confianza de los inversores”, asegura.
A su juicio, el debate tampoco debería centrarse únicamente en los más de 2300 millones de euros reclamados. “Son una cifra relevante, pero, desde la perspectiva económica y de país, el verdadero coste reside en el impacto sobre la confianza inversora y la percepción de seguridad jurídica”.
“La desconfianza puede traducirse en una mayor prima de riesgo exigida por los inversores e inclusive en que determinados inversores de largo plazo puedan descartar a España para proyectos intensivos en regulación”
¿Por qué los inversores extranjeros ganan y los españoles no?
Aunque el origen del conflicto es el mismo, el recorrido judicial ha sido muy distinto según el perfil del inversor.
Los inversores españoles acudieron a los tribunales nacionales para reclamar por los cambios regulatorios. Sin embargo, el Tribunal Supremo concluyó que el Estado podía modificar el sistema de retribución y que no existía un derecho adquirido a mantener inalterada la rentabilidad prevista cuando se realizó la inversión.
En cambio, numerosos inversores extranjeros recurrieron a los tratados internacionales de protección de inversiones y llevaron sus reclamaciones ante tribunales arbitrales internacionales, principalmente el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.
Muchos de esos procedimientos terminaron con la condena a España al considerar que el cambio regulatorio vulneró las garantías ofrecidas a esos inversores.
Esa diferencia explica por qué, casi veinte años después, el conflicto sigue trasladándose a tribunales de Estados Unidos, Países Bajos y otras jurisdicciones donde los acreedores intentan ejecutar los laudos mediante el embargo de activos del Estado español.
La gran lección para futuras inversiones: “No existe incentivo suficientemente atractivo que compense la pérdida de credibilidad”
España afronta ahora una nueva etapa en la que necesita atraer inversiones multimillonarias vinculadas a la transición energética, el almacenamiento eléctrico, el hidrógeno verde y las infraestructuras de red.
En este contexto, Cantalapiedra y otros economistas consideran que cualquier cambio regulatorio debe preservar un principio básico: la previsibilidad.
“El Estado debe conservar capacidad de adaptación ante cambios macroeconómicos (...). Pero ello no puede significar nunca cambiar las reglas de juego con carácter retroactivo: el inversor debe poder confiar en que el ‘contrato regulatorio’ no se reescribe a mitad de partido”, explica el economista.
En la práctica, el “contrato regulatorio” hace referencia al marco de reglas vigente cuando una empresa decide acometer una inversión de largo plazo. Aunque el Estado puede modificar sus políticas, los especialistas consideran que hacerlo con efectos retroactivos incrementa la percepción de riesgo entre los inversores.
El economista resume la principal enseñanza que deja este conflicto en una idea: “No existe incentivo suficientemente atractivo que compense la pérdida de credibilidad si el Estado cambia las reglas de juego de forma retroactiva. Solucionar un problema a corto plazo puede perjudicar gravemente el potencial de inversión y crecimiento a largo plazo”.