La Agencia Tributaria desempeña un papel fundamental en la economía de cualquier nación, no solo por su responsabilidad en asegurar que individuos y entidades cumplan con sus deberes fiscales, sino también por su función en la adecuada redistribución de los recursos que financian servicios esenciales como la sanidad, la educación y las infraestructuras. En este marco, la digitalización de los pagos y la globalización económica han introducido nuevos desafíos, tales como el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, que requieren un control más eficiente. Por esta razón, el gobierno español se encuentra elaborando un nuevo decreto que establecerá mayores obligaciones de información para las entidades financieras, lo que impactará directamente en las transacciones electrónicas. La medida tiene como objetivo controlar las grandes transacciones electrónicas, evitando prácticas como el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. Además, las entidades financieras deberán informar mensualmente sobre los cobros realizados por empresarios o autónomos a través de tarjetas o aplicaciones de pago móvil, como Bizum o PayPal, sin importar el monto. El real decreto busca modernizar y fortalecer el control fiscal en un momento en que la digitalización de los pagos y la globalización económica plantean nuevos retos. A partir de 2025, las entidades emisoras de tarjetas de crédito, débito y otros medios de pago deberán presentar un informe anual detallado sobre los movimientos de sus clientes. Este informe incluirá información clave, como la identificación del titular de la tarjeta, el número total de transacciones realizadas y el importe de esas transacciones, siempre que superen los 25.000 euros anuales por tarjeta. El real decreto, que se encuentra en su etapa final de tramitación, tiene como propósito no solo combatir el fraude, sino también robustecer el sistema fiscal, fomentando la equidad y generando una mayor confianza en el proceso tributario. Esta reforma marcará un antes y un después en la manera en que Hacienda supervisa las transacciones efectuadas a través de medios electrónicos. A partir de 2026, la primera declaración que las entidades financieras deberán presentar corresponderá a los movimientos del año 2025, lo que permitirá a la Agencia Tributaria obtener una visión más detallada y precisa sobre las operaciones de grandes cantidades de dinero.