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El Gobierno marcó un nuevo paso en la regulación del mercado inmobiliario. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 envió una carta a grandes propietarios para reforzar la aplicación de la norma vigente.
Según la comunicación oficial, “deben prorrogar los contratos de sus inquilinos, que así lo soliciten, que caduquen entre el pasado 22 de marzo y el 31 de diciembre de 2027”. La medida impacta directamente sobre grandes actores del mercado.
En total, las empresas involucradas concentran más de 100.000 viviendas. Este volumen convierte a la decisión en un eje clave dentro del debate sobre el acceso a la vivienda en España.
Aviso a inmobiliarias y fondos con más de 100.000 viviendas
La prórroga contratos apunta directamente a 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión. La intención oficial es evitar interpretaciones erróneas sobre la aplicación del decreto.
El ministro Pablo Bustinduy explicó que el objetivo es que “impere la claridad y se garantice el derecho de más de dos millones de compatriotas a prorrogar sus contratos”.
Además, cuestionó la reacción del sector: “Frente a campañas del miedo y argumentos interesados que han puesto en marcha en estos días los lobbys inmobiliarios”. El Gobierno busca así impulsar que más inquilinos ejerzan su derecho.
El mensaje oficial también incluye un llamado directo: “quiero animarles una vez más a que lo hagan”. La estrategia pasa por aumentar la presión social y política en torno a la medida.
Prórroga obligatoria y límite del 2% en los alquileres
La renovación será obligatoria si el inquilino lo solicita. Esta condición surge del real decreto-ley aprobado recientemente por el Consejo de Ministros.
La normativa fija que el arrendatario podrá extender el contrato por plazos anuales, hasta un máximo de dos años adicionales. Esta prórroga se aplicará en contratos que finalicen entre marzo de 2026 y diciembre de 2027.
El texto también introduce un límite clave: las subidas de renta estarán acotadas. Según explicó el ministro, los propietarios podrán seguir cobrando “con total normalidad” y “con una actualización del 2%”.
De este modo, la medida busca equilibrar intereses. Por un lado, protege a los inquilinos; por otro, ofrece previsibilidad a los propietarios en un contexto de incertidumbre económica.
Clave política: el decreto aún debe aprobarse en el Congreso
El Gobierno enfrenta ahora su etapa más decisiva. El decreto todavía necesita ser convalidado en el Congreso de los Diputados, donde no cuenta con mayoría asegurada.
Bustinduy se mostró optimista sobre el resultado: “vamos a ganar la votación en el Congreso de los Diputados”. También afirmó que es “absolutamente imposible” que la oposición justifique un rechazo.
En paralelo, el Ejecutivo mantiene negociaciones abiertas con distintos grupos. “Vamos a atender todas las sugerencias, las dudas y las aportaciones”, aseguró el ministro, dejando margen para cambios.
El debate político se intensifica en un contexto donde el acceso a la vivienda se posiciona como uno de los principales temas de agenda. La resolución final marcará el rumbo del mercado de alquiler en los próximos años.