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Desde Montenegro, donde participa en la cumbre entre la Unión Europea y los Balcanes Occidentales, el líder socialista afirmó que las informaciones conocidas en los últimos días le generan “decepción, preocupación e indignación” y anunció que los servicios jurídicos del partido estudian posibles acciones para defender su imagen.
Las declaraciones de Pedro Sánchez, el presidente de España, llegan en una jornada especialmente delicada para el PSOE.
Mientras el presidente intentaba marcar distancia con la exmilitante, la Fiscalía Anticorrupción solicitó nuevas diligencias al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, entre ellas la citación como testigo de la presidenta del partido, Cristina Narbona, además de una veintena de personas vinculadas directa o indirectamente a la investigación.
El caso también sumó un nuevo frente judicial después de que el magistrado reclamara a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que detalle las cuentas bancarias desde las que presuntamente se realizaron pagos a Leire Díez antes de autorizar nuevas pesquisas financieras.
¿Qué dijo Pedro Sánchez sobre el caso Leire?
Sánchez fue contundente al intentar desvincularse de cualquier actuación atribuida a la exmilitante socialista. “Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez”, afirmó ante los periodistas, antes de añadir que, de haber tenido conocimiento de ellas, no las habría tolerado.
El presidente defendió la actuación del Gobierno y del PSOE frente a las acusaciones surgidas en torno al caso. Según sostuvo, las conductas investigadas responderían a actuaciones individuales y no a una estrategia impulsada por la dirección socialista. “Mi Gobierno es un Gobierno limpio, mi partido es un partido íntegro y la corruptela es de unos pocos”, remarcó.
Además, aprovechó para cargar contra el Partido Popular, al que acusó de practicar una oposición basada en “maniobras, ruido e insidias”. Sánchez comparó la situación actual con la denominada “policía patriótica” que operó durante gobiernos del PP y aseguró que su Ejecutivo no utiliza las instituciones del Estado para obstaculizar investigaciones judiciales.
¿Por qué la Fiscalía quiere que declare Cristina Narbona?
La petición de Anticorrupción se apoya en un informe de la UCO incorporado al sumario. En él aparecen mensajes intercambiados entre Leire Díez y Cristina Narbona en los que la exmilitante hacía referencia a la posibilidad de “reconducir” ataques contra el presidente del Gobierno y dar la vuelta a determinadas situaciones políticas y judiciales.
Según la documentación conocida, Narbona respondió en una conversación de WhatsApp preguntando si esas cuestiones ya habían sido trasladadas al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. La dirigente socialista aseguró posteriormente que nunca recibió información relevante sobre las actividades investigadas.
La Fiscalía también reclama la declaración de varios mandos de la Guardia Civil, antiguos responsables de la UCO, la empresaria Carmen Pano —quien aseguró haber llevado 90.000 euros a la sede socialista de Ferraz— y otras personas mencionadas en la investigación.
Además, las fiscales solicitan información a la Fiscalía General del Estado sobre posibles reuniones celebradas entre 2024 y 2025 en las que habrían participado Leire Díez, empresarios, abogados vinculados al caso Koldo y otros actores relevantes de la trama.
¿Qué investiga ahora el juez Santiago Pedraz?
Paralelamente, el juez de la Audiencia Nacional ha comenzado a profundizar en el presunto circuito financiero relacionado con la investigación. Antes de autorizar un acceso masivo a información bancaria, Pedraz pidió a la UCO que identifique de forma concreta las cuentas desde las que habrían salido los pagos recibidos por Leire Díez y aquellas en las que se habrían ingresado esos fondos.
El magistrado sí autorizó, en cambio, la recopilación de información tributaria correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025 del PSOE, del exdirigente socialista Gaspar Zarrías, de varias sociedades mercantiles y de otros investigados relacionados con la causa.
Asimismo, ordenó recabar documentación sobre las relaciones comerciales entre el grupo empresarial IKI, el PSOE, el PSC y el medio Crónica Libre.
Los investigadores tratan de esclarecer un supuesto pago de 20.000 euros vinculado a una campaña publicitaria en Cataluña durante las elecciones autonómicas de 2024, una operación que la UCO considera relevante para reconstruir los movimientos económicos bajo sospecha.
Mientras avanzan las diligencias judiciales, el caso Leire continúa ampliando su alcance político y judicial, con nuevas solicitudes de declaración, análisis financieros y un creciente impacto dentro del PSOE, donde el debate interno sobre la gestión de la crisis comienza a ganar protagonismo.
