En esta noticia
La crisis de emancipación en España ha dejado a miles de jóvenes atrapados en casa de sus padres sin acceso a ayudas sociales clave. Hasta ahora, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) solo se concedía a quienes vivían solos o formaban parte de una unidad de convivencia distinta, pero esto cambia en 2026 tras el anuncio del Gobierno.
Esta reforma reconoce que muchos mayores de 23 años continúan en el domicilio familiar por falta de independencia económica y laboral. El objetivo es ampliar la protección social a un grupo que sufre especialmente el impacto de la precariedad y el alto coste de la vivienda en España.
Qué cambio introduce el Gobierno en el IMV
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social cuyo propósito es prevenir la pobreza y la exclusión social entre las personas que no cuentan con recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Hasta ahora, esta ayuda se concedía principalmente a quienes vivían solos o formaban parte de una unidad de convivencia propia. Sin embargo, recientes cambios permiten que mayores de 23 años que vivan con sus padres puedan recibir el IMV, siempre que cumplan ciertos requisitos específicos de independencia económica y convivencia.
Esta modificación busca adaptarse a la realidad socioeconómica actual. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el IMV alcanzó en diciembre a 2,4 millones de personas en casi 800.000 hogares, mostrando la magnitud de la ayuda y la necesidad de actualizar sus condiciones de acceso.
Además, la ministra responsable ha subrayado que “la revalorización de las cuantías del IMV va a ser del 11,4%, muy por encima del IPC” en 2026, lo que implica un aumento real de los importes económicos para los beneficiarios.
Requisitos principales para recibir el IMV viviendo con los padres
La clave para acceder al Ingreso Mínimo Vital siendo mayor de 23 años y viviendo en casa de los progenitores está en no formar parte de la denominada unidad de convivencia familiar. Esto significa que, aunque compartan domicilio, no deben integrarse en la misma estructura de vida económica que sus padres.
Entre las condiciones que la Seguridad Social exige para ser beneficiario están:
- No estar casado, salvo que se hayan iniciado los trámites de separación o divorcio.
- No tener pareja de hecho registrada si se quiere tramitar la ayuda de forma individual.
- No formar parte de otra unidad de convivencia diferente, lo que implica que no se comparta vida económica con otras personas fuera del núcleo familiar que supere estos criterios.
Para los mayores de 23 y hasta 29 años, también se exige haber vivido de forma independiente durante al menos dos años antes de solicitarlo y tener residencia legal y efectiva en España. Este requisito puede demostrarse acreditando que durante ese periodo se ha tenido un domicilio distinto al de los padres y, en muchos casos, haber estado dado de alta en la Seguridad Social por al menos 12 meses.
Existen excepciones a la norma de independencia, como en casos de violencia de género o circunstancias como separación o divorcio con cambio de domicilio, que permiten obviar la exigencia de independencia previa.
Además, para quienes tienen más de 30 años, se requiere que durante el año previo a la solicitud hayan vivido fuera del domicilio de los progenitores, salvo que la convivencia acabara por fallecimiento de estos.
Qué significa este cambio para jóvenes y familias
El ajuste en las reglas del IMV responde a una realidad social persistente en España: la dificultad para que muchos jóvenes se emancipen por falta de ingresos y oportunidades laborales. La ampliación de la ayuda permite ofrecer una red de seguridad más amplia a personas que, hasta ahora, quedaban fuera simplemente por vivir bajo el techo familiar.
Según expertos en políticas sociales, esta medida puede beneficiar a miles de jóvenes que durante años han estado excluidos de este tipo de prestaciones pese a estar en situación de vulnerabilidad. Además, el incremento de las cuantías en un 11,4% en 2026 persigue mitigar el impacto de la inflación y elevar el nivel mínimo de renta garantizado por esta ayuda.
La ampliación del acceso al IMV a mayores de 23 años plantea también algunos retos administrativos, especialmente en la demostración de independencia económica, que muchos solicitantes deberán acreditar con documentación sobre su residencia y actividad laboral.
Para las familias, la medida puede significar un alivio económico en hogares donde el adulto joven no tiene ingresos suficientes, pero también abre un debate sobre cómo se define la unidad de convivencia familiar en el contexto de ayudas sociales, un elemento clave para entender quién puede cobrar y quién no.
Con estos cambios, la prestación social más relevante de España contra la pobreza y la exclusión social da un paso hacia una mayor inclusión de jóvenes en situación de precariedad, adaptando sus criterios para reflejar mejor las dificultades reales de emancipación económica que enfrentan muchos hogares españoles.
