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El acceso a la vivienda y la inestabilidad laboral marcan el presente de miles de jóvenes en España. En un contexto de salarios bajos y alquileres elevados, una parte significativa de la población menor de 30 años continúa residiendo en el hogar familiar.
Frente a este escenario, el Gobierno decidió ampliar el alcance del Ingreso Mínimo Vital (IMV) con un cambio que impacta de forma directa en este colectivo.
La medida permite que personas de entre 23 y 29 años puedan solicitar la prestación, incluso si viven con sus padres. La decisión apunta a reforzar la protección social de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica y no logran cubrir sus necesidades básicas con ingresos propios.
El IMV, creado como red de contención frente a la pobreza, suma así un nuevo grupo de beneficiarios potenciales. La cuantía máxima prevista para 2026 alcanzará los 733 euros mensuales en su modalidad individual, aunque el monto final dependerá de cada situación particular.
¿Quiénes pueden solicitar el Ingreso Mínimo Vital antes de los 30 años?
La ampliación del rango etario abre la puerta a que jóvenes de 23 a 29 años accedan al IMV sin necesidad de vivir de forma independiente. Para ello, deberán acreditar una situación de vulnerabilidad económica y demostrar que conforman una unidad de convivencia propia, aun dentro del domicilio familiar.
El requisito central se vincula con la falta de ingresos suficientes para afrontar los gastos básicos. La Seguridad Social evaluará los recursos económicos y el patrimonio del solicitante, además de la posible compatibilidad con otras ayudas públicas.
En el caso de quienes residen con personas sin vínculo familiar, la normativa exige haber vivido de manera independiente durante al menos los dos años previos a la solicitud. A esto se suma la obligación de contar con residencia legal en España, condición indispensable para acceder a la prestación.
¿Cómo serán los controles y qué puede hacerte perder la ayuda?
El Ingreso Mínimo Vital no funciona como una prestación automática ni permanente sin supervisión. La Seguridad Social realizará controles periódicos con el objetivo de verificar que se mantienen las condiciones que dieron origen al derecho a la ayuda.
Los beneficiarios deberán informar cualquier cambio en su situación laboral, económica o patrimonial. Un aumento de ingresos, el inicio de un empleo o la percepción de nuevas rentas pueden modificar la cuantía o incluso provocar la suspensión del IMV.
En caso de incumplimiento de estas obligaciones, la administración podrá exigir la devolución de las sumas cobradas de forma indebida. La actualización constante de datos se convierte así en una condición clave para no perder la prestación y evitar sanciones futuras.