El alquiler turístico enfrenta un nuevo escenario regulatorio tras una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La medida refuerza el control sobre las viviendas de corta duración y fija límites claros para propietarios que pretendan operar en este mercado. La resolución establece que los propietarios deberán obtener un número de registro único para poder ofrecer sus viviendas en plataformas digitales. Sin este requisito, los inmuebles no podrán ser comercializados como alquiler turístico, lo que introduce un filtro clave en el sistema. La normativa se enmarca en el procedimiento creado por el Real Decreto 1312/2024, que busca ordenar el mercado y mejorar la trazabilidad de este tipo de alojamientos. Además, se refuerza el rol de los registros de la propiedad, que tendrán la responsabilidad de verificar si existen impedimentos legales o estatutarios. Entre ellos, se incluyen las prohibiciones establecidas por las comunidades de propietarios, que ahora adquieren un peso determinante para habilitar o bloquear la actividad turística en una vivienda. Uno de los puntos centrales es que ya no bastará con cumplir requisitos administrativos o turísticos. La normativa exige respetar los estatutos de la comunidad de vecinos. El criterio se apoya en jurisprudencia del Tribunal Supremo, que equipara conceptos como “hospedería” o “pensión” con el uso turístico. De esta forma, aunque los estatutos no mencionen de manera explícita el alquiler vacacional, una redacción similar puede impedir la actividad. También se incorpora una consecuencia directa: si no se concede el número de registro, las plataformas digitales deberán eliminar los anuncios asociados a ese inmueble. Esto implica un control más estricto y coordinado entre administración, registros y empresas tecnológicas. El objetivo principal es aumentar la seguridad jurídica y evitar la proliferación de viviendas que operan fuera de la normativa. Según el propio BOE, el sistema permitirá detectar y retirar del mercado aquellos alojamientos que no cumplan con los requisitos legales o comunitarios. A su vez, la medida busca equilibrar el mercado inmobiliario. Se prevé que parte de las viviendas que hoy se destinan al alquiler turístico irregular vuelvan al alquiler tradicional, lo que podría incrementar la oferta disponible para residencia habitual. En este contexto, el endurecimiento normativo marca un cambio de etapa. Los propietarios deberán adaptarse a un esquema más exigente, donde la legalidad del uso del inmueble dependerá tanto de la regulación estatal como de las decisiones internas de cada comunidad de vecinos.