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Un shutdown, o cierre parcial de gobierno, implica que el Estado se queda sin capacidad de financiar sus operaciones más básicas hasta que se aprueban los presupuestos.
Tras la falta de un acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso, en Estados Unidos este escenario ya es una realidad, con las agencias y servicios considerados no esenciales paralizados. Esto obliga a miles de empleados a detener su actividad.
En España, donde el Gobierno ha dejado pasar el tiempo estipulado para la presentación de los presupuestos, muchas personas se preguntan si puede ocurrir una situación similar.
Aunque existen diferencias notables entre ambos sistemas, el debate ha vuelto a poner sobre la mesa qué consecuencias tendría una prórroga o un bloqueo en la aprobación de las cuentas públicas.
Cómo funciona un shutdown en Estados Unidos
El shutdown se activa cuando el Congreso de los Estados Unidos no logra aprobar el presupuesto anual ni una prórroga temporal para financiar al Gobierno. En ese momento, gran parte de los servicios federales considerados no esenciales dejan de funcionar.
Miles de funcionarios son enviados a sus casas sin sueldo y proyectos en marcha quedan suspendidos. Solo permanecen activos aquellos sectores vinculados a la seguridad nacional, el ejército, las prisiones y otros servicios críticos.
En la práctica esto significa que museos, parques nacionales y agencias de investigación cierran sus puertas, los procesos administrativos se ralentizan y los pagos federales pueden sufrir retrasos.
Se trata de un mecanismo muy sensible a la polarización política, ya que la falta de acuerdos entre demócratas y republicanos puede dejar al país sin recursos durante semanas.
Por qué España no puede tener ese mismo problema
En España, el marco legal es diferente. La Constitución y la Ley General Presupuestaria contemplan la prórroga automática de los presupuestos en caso de que el Parlamento no apruebe unas nuevas cuentas.
Esto significa que, aunque no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado en el plazo previsto, el Gobierno puede seguir funcionando con los del año anterior hasta que exista un nuevo acuerdo.
Este mecanismo evita que se produzca un cierre administrativo como en los Estados Unidos. La Administración pública continúa prestando servicios, los funcionarios siguen cobrando y las comunidades autónomas reciben las transferencias correspondientes.
No hay un apagón institucional, aunque sí un freno en la capacidad del Gobierno para impulsar nuevas medidas, subir partidas o financiar proyectos no contemplados en el presupuesto prorrogado.
Qué repercusiones tendría en España no aprobar los presupuestos
Aunque España no pueda sufrir un shutdown al estilo estadounidense, la falta de aprobación de los presupuestos puede tener consecuencias importantes.
La primera es el bloqueo político, que limita la capacidad del Ejecutivo para sacar adelante nuevas políticas sociales, inversiones públicas o planes de reactivación económica. Sin cuentas nuevas, la acción de Gobierno queda reducida al mantenimiento de lo ya aprobado.
La segunda repercusión se observa en la economía real. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos dependen en gran parte de las transferencias estatales, que pueden retrasarse o quedar limitadas. Esto afecta a servicios públicos, obras en curso y contrataciones.
Además, un bloqueo presupuestario prolongado puede dañar la credibilidad financiera de España ante los mercados internacionales. La falta de consenso político para aprobar unas cuentas claras puede elevar la percepción de riesgo, encarecer el coste de la deuda pública y presionar la calificación crediticia del país.
En este sentido, la consecuencia más grave no sería el colapso institucional, sino la pérdida de confianza en la capacidad del país para gestionar su política económica.