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El Gobierno de España y las principales organizaciones sindicales han alcanzado un acuerdo para elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 1221 euros brutos al mes en 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. La medida representa un aumento del 3,1% respecto a la cuantía del año anterior y afectará a millones de trabajadores con niveles salariales bajos.
A diferencia de los sindicatos, las patronales CEOE y Cepyme han rechazado la propuesta, argumentando que el incremento eleva los costes laborales para las empresas y criticando la forma en que se ha planteado el acuerdo. El Ejecutivo defiende que la subida mantiene el poder adquisitivo de los trabajadores y sigue en línea con recomendaciones institucionales de moderación salarial.
Subida del salario mínimo a 1221 euros: qué implica y cómo afecta
La actualización del salario mínimo interprofesional llevará la cuantía mensual a 1221 euros brutos, distribuidos en 14 pagas anuales, lo que equivale a 17-094 euros brutos al año. Esta subida supone 37 euros más al mes respecto al SMI de 1 184 euros fijado en 2025.
El Ministerio de Trabajo plantea que esta referencia retributiva se mantenga exenta de tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de forma que los perceptores de este salario mínimo no paguen impuestos por él. La medida beneficia a cerca de 2,5 millones de trabajadores y busca reforzar los niveles de renta en sectores con menor capacidad adquisitiva.
¿Por qué la patronal rechaza el nuevo salario mínimo?
La posición de la patronal empresarial ha sido crítica desde el inicio de la negociación. CEOE y Cepyme han calificado la propuesta del Gobierno como “intervencionista” y “trilera”, señalando que las condiciones planteadas para compensar el alza del salario mínimo no son claras ni accesibles para muchas empresas, especialmente pymes y autónomos.
Una de las razones de esta oposición es la propuesta del Ministerio de Hacienda de ofrecer incentivos fiscales a las empresas que contraten trabajadores con salarios superiores al SMI y mantengan empleo en el futuro. Las patronales consideran que estos incentivos no equilibran adecuadamente el coste adicional que implica el aumento del salario mínimo.
Compromiso de impedir la absorción del aumento con pluses salariales
Un aspecto clave del acuerdo con los sindicatos es la intención del Gobierno de impedir que las empresas absorban la subida del salario mínimo reduciendo o eliminando complementos salariales. Esta cláusula busca garantizar que la mejora en la cuantía del SMI se refleje plenamente en el ingreso base del trabajador.
Los sindicatos han insistido en que este compromiso se concrete legalmente para que no pueda ser eludido por las compañías a través de maniobras contables o cambios en la estructura de retribución. El Ejecutivo ha señalado que podría instrumentar esta prohibición mediante decreto, aunque ello podría enfrentar desafíos legales y resistencia empresarial.
Contexto y debate social sobre el salario mínimo
La subida del salario mínimo en España forma parte de un proceso de negociación anual que enfrenta a Gobierno, sindicatos y empresarios desde hace años. El alza del 3,1 por ciento para 2026 se sitúa por encima de algunos niveles de inflación y busca proteger el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables del mercado laboral.
Sin embargo, el debate mantiene tensiones sustanciales. Las patronales han propuesto incrementos menores y alertan de que subidas continuas del SMI pueden aumentar los costes laborales totales, ya que también se suman cotizaciones sociales y otros factores asociados a la contratación. En cambio, los sindicatos defienden que mayores salarios mínimos estimulan el consumo y reducen la precariedad.
Con información de EFE.
