Ley de vivienda

Alquileres: con la nueva normativa, solo se podrá pagar con medios electrónicos

El proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda ha establecido que la renta no se podrá abonar más en metálico o efectivo. Estos son los motivos.

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Con el nuevo proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, cambiarán muchas cuestiones relativas al alquiler en España. Una de ellas es la manera de realizar los pagos.

Según establece la normativa, se prohíbe que el pago de la renta se realice con dinero en metálico. Solo se podrá hacer en contadas excepciones. El texto de la ley se aprobó este jueves en el pleno del Congreso.

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Nueva ley de Vivienda: qué cambiará en los pagos de alquileres

Los cambios a la hora de pagar el alquiler. (Foto: archivo).

La nueva normativa prohíbe que el pago de la renta de alquiler se realice con dinero en metálico, a no ser que una de las partes no tenga cuenta bancaria ni acceso a medios electrónicos de pago.

Así lo detalla el texto que tiene previsto aprobar este jueves el pleno del Congreso.

"El pago se efectuará a través de medios electrónicos", especifica. "Excepcionalmente, cuando alguna de las partes carezca de cuenta bancaria o acceso a medios electrónicos de pago y a solicitud de esta, se podrá efectuar en metálico y en la vivienda arrendada", establece el artículo 10 del proyecto de ley, que difundió EFE.

También se otorga un plazo de 6 meses para constituir un grupo de trabajo que haga una propuesta para regular los contratos de arrendamiento de temporada, como vacaciones, trabajos con fecha de finalización y temporadas de estudios, entre otros.

Ley de Vivienda: los cambios que establece

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Además de las modificaciones a la hora del pago de la renta, la ley prevé conformar una "base de datos" de contratos de arrendamiento de vivienda.

Se confeccionaría a partir de la información contenida en los actuales registros autonómicos de fianzas de las comunidades autónomas, en el Registro de la Propiedad y otras fuentes de información de ámbito estatal, autonómico o local.

Para ello establece un proceso específico de colaboración con las comunidades autónomas que ya dispongan de sistemas de referencia de precios de alquiler en sus ámbitos territoriales.

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