La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) incluye una serie de normas que afectan directamente a arrendadores y arrendatarios por igual. Este nuevo marco legal, que busca proteger a los inquilinos en España, introduce cambios que modifican las reglas del juego en el mercado inmobiliario.
A continuación, detallamos cuáles son los requisitos que deben cumplir los arrendatarios para permanecer en la vivienda, incluso si no pueden hacer frente al pago de la renta.
Ley de Arrendamientos Urbanos: estos son los requisitos para que los inquilinos puedan permanecer en la vivienda
La LAU fija una serie de condiciones claras que los inquilinos deben cumplir para beneficiarse de las medidas de protección contra el desahucio.
En primer lugar, los ingresos familiares no pueden superar tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), aunque este umbral puede ajustarse en función de las circunstancias específicas del hogar, como la presencia de menores, personas mayores o con discapacidad.
Además, es importante que los inquilinos presenten una certificación de vulnerabilidad económica, respaldada por documentación que acredite la pérdida de empleo, la reducción significativa de ingresos o la incapacidad para cubrir las necesidades básicas del hogar.
Por último, antes de recurrir a la vía judicial, se exige que los inquilinos hayan intentado mediar con el propietario para llegar a un acuerdo. Este paso tiene como objetivo fomentar el diálogo entre ambas partes y evitar procesos judiciales innecesarios que puedan agravar la situación.
Efectos de la Ley de Alquileres en el mercado inmobiliario
La entrada en vigor de la Ley de Alquileres genera una serie de efectos significativos en el mercado inmobiliario español.
Entre los más destacados se encuentran:
- Desconfianza entre los propietarios: ante el riesgo de impagos prolongados, muchos arrendadores optan por endurecer las condiciones de alquiler, exigiendo garantías más estrictas o incluso rechazando inquilinos con perfiles económicos inestables.
- Reducción de la oferta de alquiler tradicional: algunos propietarios prefieren destinar sus viviendas al mercado de alquiler turístico o directamente retirarlas del mercado, contribuyendo a una mayor escasez de opciones disponibles.
- Aumento de litigios judiciales: la interpretación del concepto de vulnerabilidad económica, que a menudo depende del criterio judicial, está dando lugar a conflictos legales prolongados y costosos.
