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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó la solicitud de medidas cautelares presentada por Airbnb, por lo que la compañía deberá hacer frente a la multa de más de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
La sanción se originó por una serie de infracciones vinculadas a la publicación de anuncios de alojamientos turísticos.
La decisión judicial implica que la plataforma no podrá suspender el pago de la multa mientras se resuelve el recurso principal, aunque aún tiene la posibilidad de presentar un recurso de reposición ante el mismo tribunal. El expediente sancionador había quedado en pausa tras la impugnación de la empresa, pero ahora vuelve a activarse tras el fallo del TSJM.
¿Qué irregularidades detectó Consumo en Airbnb?
El Ministerio identificó más de 65.000 anuncios que incumplían la normativa vigente. Entre las principales infracciones se destacan la publicación de alojamientos sin licencia o con números de registro incorrectos, una práctica que contraviene las regulaciones autonómicas que obligan a detallar esta información en la publicidad.
Además, el organismo detectó casos de publicidad engañosa, en los que no se informaba correctamente sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones.
Esta omisión vulnera los derechos de los consumidores, al impedirles conocer si contratan con particulares o empresas, un dato clave en términos de protección legal.
Las autoridades también señalaron que Airbnb incumplió obligaciones vinculadas a los contratos a distancia y que, durante la investigación, no respondió a requerimientos oficiales, lo que fue considerado una obstrucción a la labor de inspección. Por estas infracciones adicionales, se aplicaron multas complementarias que elevan el total sancionado.
¿Qué implica el fallo judicial y qué dijo el Gobierno?
El rechazo a las cautelares marca un respaldo inicial a la actuación del Ministerio de Consumo y refuerza la capacidad del Estado para sancionar a grandes plataformas digitales en el ámbito del mercado inmobiliario.
La resolución envía una señal clara sobre la exigencia de cumplimiento normativo en el sector de los alquileres turísticos.
El ministro Pablo Bustinduy sostuvo que la decisión demuestra que “ninguna empresa poderosa está por encima de la ley” y apuntó contra los grandes operadores que, según afirmó, obtienen beneficios en medio de la crisis habitacional. En esa línea, defendió la intervención estatal para proteger a los inquilinos.
El funcionario también calificó a los pisos turísticos ilegales como una “afrenta” al derecho a la vivienda y aseguró que el Gobierno actuará frente a cualquier intento de lucrar con la situación actual. El caso abre un nuevo capítulo en la tensión entre las plataformas digitales y las autoridades regulatorias en Europa.