Adiós a la pensión por incapacidad: la Seguridad Social suspenderá la prestación por esta razón
Los beneficiarios de incapacidad permanente podrían perder esta prestación si no cumplen con los siguientes requisitos. ¿Cuáles son?
En España, las pensiones por incapacidad permanente están sujetas a revisión. Esto quiere decir que, en determinadas situaciones, la Seguridad Social podría tomar la decisión de suspenderlas. Este hecho es un procedimiento legalmente establecido que busca asegurar la correcta asignación de estas prestaciones.
La incapacidad permanente absoluta, dirigida a quienes no pueden realizar ninguna actividad laboral debido a condiciones crónicas o lesiones permanentes, garantiza al beneficiario el 100% de la base reguladora. No obstante, su continuidad puede verse suspendida si la Seguridad Social determina que ha habido una mejora en la condición de salud del pensionista.
Asimismo, existen otras situaciones por las cuales la Seguridad Social podría retirar la pensión, tales como el descubrimiento de que el pensionista está ejerciendo un nuevo empleo incompatible con su condición, errores en el diagnóstico inicial o la falta de presentación a citaciones para revisión.
Evolución de cambios
La revisión de grado es el proceso mediante el cual el INSS cita al pensionista para evaluar posibles cambios en su situación. Este procedimiento comienza con una notificación previa y, si corresponde, una cita con el tribunal médico.
- Si la resolución es desfavorable, el interesado puede presentar una reclamación administrativa en un plazo de 30 días hábiles y, si no se acepta o no recibe respuesta, iniciar un procedimiento judicial.
El paso por los Juzgados de lo Social, e incluso un posible recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad correspondiente, son etapas posteriores para aquellos casos en los que se considera que la retirada de la pensión no fue justa o debidamente fundamentada.
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La revisión de las pensiones de incapacidad permanente destaca la importancia de mantener actualizada la condición de salud de los beneficiarios, garantizando que las ayudas de la Seguridad Social lleguen a quienes realmente las necesitan.
Al mismo tiempo, este proceso ofrece las vías legales necesarias para impugnar decisiones de retirada de prestaciones, protegiendo así los derechos de los ciudadanos.
