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Las pensiones por discapacidad o invalidez están sujetas a ciertos requisitos, entre los cuales se incluye un límite de edad. Estas ayudas han sido concebidas para personas que presentan un grado de discapacidad del 65% o más y que no cuentan con recursos económicos suficientes.
Para acceder a esta prestación de la Seguridad Social, es imprescindible demostrar una carencia de ingresos suficiente. En la actualidad, el umbral se sitúa en los 7250,60 euros anuales, aunque esta cifra puede incrementarse si en el hogar residen más de dos personas. Además, es fundamental presentar una declaración anual de rentas durante el primer trimestre de cada año para mantener la pensión.
En lo que concierne a la pensión por incapacidad permanente, la cuantía puede fluctuar en función del grado de discapacidad reconocido y de la base reguladora correspondiente a cada trabajador.
Razones por las que podrían quitarte la pensión por discapacidad
Un aspecto fundamental a considerar es que las pensiones de invalidez no son permanentes y, además, son revisables. Esto implica que, transcurrido un tiempo, se puede llevar a cabo una evaluación del caso para determinar si ha habido una mejora o un deterioro en la condición del beneficiario.
- Esta revisión, realizada por la Seguridad Social, se efectúa generalmente cada dos años y puede resultar en modificaciones de la prestación o incluso en su anulación.
- Si un individuo considera que sus circunstancias personales han cambiado y que, por ejemplo, podría recibir una cuantía mayor, tiene la opción de solicitar la revisión de incapacidad.
De acuerdo con los requisitos establecidos, estas pensiones se suspenderán al alcanzar los 65 años de edad.
De igual manera, las pensiones de discapacidad sufren un cambio al alcanzar la edad de jubilación, momento en el cual los beneficiarios de una pensión de incapacidad permanente comienzan a recibir la pensión de jubilación en lugar de la de discapacidad, dado que ambas prestaciones son incompatibles.
Es importante recordar que la pensión de jubilación representa una forma de protección social para aquellos que alcanzan la edad de jubilación, mientras que la pensión de incapacidad está destinada a quienes, debido a su discapacidad, no pueden desempeñar un trabajo.
¿Cuánto es el monto de la prestación por discapacidad en 2025?
En 2025, las personas con discapacidad en España pueden acceder a diferentes tipos de prestaciones, dependiendo de su grado de discapacidad, situación laboral y nivel de ingresos. Estas prestaciones se dividen principalmente en pensiones no contributivas y pensiones contributivas, cada una con requisitos y cuantías específicas.
Pensiones no contributivas por discapacidad
Las pensiones no contributivas están destinadas a personas que no han cotizado lo suficiente para acceder a una pensión contributiva y que presentan un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Para 2025, la cuantía anual de esta pensión se ha fijado en 7.905,80 euros, lo que equivale a 564,70 euros mensuales en 14 pagas.
Además, aquellos beneficiarios con un grado de discapacidad igual o superior al 75% y que requieran la asistencia de otra persona para realizar actividades básicas de la vida diaria pueden recibir un complemento adicional del 50%, elevando la cuantía anual total a 11.858,70 euros, es decir, 847,05 euros mensuales en 14 pagas.
Pensiones contributivas por incapacidad permanente
Las pensiones contributivas por incapacidad permanente están dirigidas a personas que han cotizado al sistema de la Seguridad Social y que, debido a una enfermedad o accidente, ya no pueden trabajar total o parcialmente. La cuantía de estas pensiones varía en función del grado de incapacidad y de la base reguladora del trabajador.
Por ejemplo, en 2025, la pensión mínima por incapacidad permanente total para menores de 60 años se sitúa en 9.024,40 euros anuales, mientras que para mayores de 65 años sin cónyuge a cargo es de 12.241,60 euros anuales.
Es importante destacar que las cuantías de las pensiones contributivas pueden variar significativamente en función de las circunstancias personales y laborales de cada individuo, incluyendo los años cotizados y la base de cotización.