En España, el sistema público de pensiones registra 10,42 millones de prestaciones contributivas que alcanzan a 9,42 millones de personas, ya que algunos pensionistas perciben más de una paga.
Dentro de este esquema, las pensiones por discapacidad o invalidez se encuentran sujetas a requisitos específicos. Están destinadas a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65% y sin recursos económicos suficientes.
Para acceder a esta prestación de la Seguridad Social, es necesario acreditar una situación de insuficiencia de ingresos. Este requisito se evalúa a partir de distintos parámetros económicos que varían según el tipo de pensión y la situación personal del solicitante.
En el caso de las pensiones no contributivas, el límite general individual se fija en 8803,20 euros anuales. Este umbral se incrementa cuando la persona beneficiaria convive con familiares, ya que la normativa contempla la capacidad económica del conjunto del hogar.
Para dos convivientes, ya sea cónyuge o pariente, el tope asciende a 14.965,44 euros anuales y aumenta de manera progresiva por cada miembro adicional que integre la unidad de convivencia.
Para quienes perciben otras pensiones y solicitan el complemento a mínimos, los límites de ingresos son diferentes. El máximo permitido es de 9442 euros anuales cuando no existe cónyuge y de 11.013 euros anuales en los casos en que se tiene cónyuge a cargo, una distinción clave en la evaluación del derecho al complemento.
Además, la normativa exige la presentación de una declaración anual de ingresos ante el IMSERSO. Este trámite resulta obligatorio para verificar que se mantienen los requisitos económicos establecidos y constituye un mecanismo de control destinado a evitar suspensiones o devoluciones de la prestación.
Por otra parte, es de suma importancia presentar una declaración anual de rentas durante el primer trimestre de cada año para mantener la pensión.
En lo que respecta a la pensión por incapacidad permanente, la cuantía puede variar según el grado de discapacidad reconocido y la base reguladora de cada trabajador.
¿Por qué te podrían quitar la pensión por discapacidad?
Un aspecto a tener en cuenta es que las pensiones de invalidez no se mantienen indefinidamente y, además, son revisables. Esto quiere decir que al cabo de un tiempo, el caso se puede evaluar para comprobar si se ha producido una mejora o deterioro en la condición del beneficiario.
- Esta revisión, a cargo de la Seguridad Social, se suele realizar cada dos años y puede resultar en modificaciones de la prestación o incluso en su extinción.
- Si un individuo considera que sus circunstancias personales han cambiado y que puede, por ejemplo, recibir una cuantía mayor, podrá solicitar la revisión de incapacidad.
- Según los requisitos establecidos, estas pensiones se suspenderán al cumplir los 65 años de edad.
Lo mismo ocurre con las pensiones de discapacidad. Al llegar a la edad jubilatoria, los beneficiarios de una pensión de incapacidad permanente comienzan a recibir la pensión de jubilación en lugar de la de discapacidad, puesto que ambas prestaciones son incompatibles.
Cabe recordar que la pensión de jubilación es una forma de protección social para quienes alcanzan la edad de jubilación, mientras que la pensión de incapacidad es para aquellos que, debido a su discapacidad, no pueden trabajar.