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El gobierno de Andalucía, liderado por Juanma Moreno Bonilla (PP) y respaldado por Vox, avanza con un plan para extender oficialmente el área de irrigación en la región norte delParque Nacional de Doñana, en Huelva.
Este proyecto de ley se tramitará de forma acelerada en el parlamento autonómico, con la posibilidad de que se apruebe antes de que termine el verano, a pesar de la firme oposición de los partidos de izquierdas en la oposición: PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía.
¿Qué implica este nuevo marco legal? Esta iniciativa califica como zonas agrícolas cerca de 800 hectáreas en los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), que estarían autorizadas para usar aguas superficiales para irrigación.
El objetivo de la ley es reconfigurar el territorio de tal manera que, bajo ciertas circunstancias, se obtenga la clasificación de terreno irrigable con aguas superficiales. Luego, la autoridad administrativa correspondiente decidirá si concede o no el permiso.
Un problema en medio de la campaña
Frente a la controversia, el PP de Andalucía asegura que no se permitirá ninguna extracción de agua del acuífero de Doñana, ya agotado por los pozos ilegales y la sequía.
En cambio, el derecho a irrigar las nuevas tierras se otorgará a través del agua superficial que llegue mediante el trasvase de la cuenca de los ríos Odiel-Tinto-Piedra, una infraestructura que, según la Junta de Andalucía, debe ser realizada por el Gobierno central.
Ramón Fernández-Pacheco, Consejero de Medio Ambiente de la Junta, ha aclarado en "Más de uno" que la mayor parte de las competencias sobre el uso del agua las tiene la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y, por lo tanto, del Gobierno central.
"Lo que estamos discutiendo es un cambio de clasificación del terreno, cualquier otra cosa es difamación con fines interesados ya que el 28 de mayo hay elecciones", argumentó oportunamente.
El Gobierno advierte sobre el riesgo para los Fondos Europeos
Por otro lado, el Gobierno y los partidos de izquierda andaluces critican que es una táctica electorera al prometer a los agricultores "un agua que no está disponible", especialmente en el contexto de la severa sequía a nivel nacional.
Varios ministros han expresado su desacuerdo con la propuesta. La Vicepresidenta y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado que la aprobación de esta ley podría poner en riesgo los Fondos Europeos de recuperación debido a "la alarma que esto ha generado en Bruselas".
La Comisión Europea manifestó en febrero que está dispuesta a emplear "todos los recursos posibles" para asegurar la implementación de una sentencia del tribunal europeo que condenó a España en 2021 por no proteger los humedales de Doñana, uno de los "más importantes" de Europa.
La ley será impugnada ante el Tribunal Constitucional
El Gobierno central también ha anunciado que si se aprueba la ley, esta será recurrida ante el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, se paralizará. Izquierda Unida ya ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea sobre la tramitación de la ley y ha solicitado medidas cautelares para su suspensión.